El escrito de acusación popular unificada, presentado por diversas organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o partidos políticos como Vox o PP, solicitan para David Sánchez Pérez-Castejón, por prevaricación administrativa y un delito continuado de tráfico de influencias, a tres años de prisión en total, aquí se incluye el presunto delito por la contratación de Luis María Carrero extrabajador de Moncloa.
Además de estas penas, la acusación popular solicita que David Sánchez Pérez-Castejón, junto con Luis María Carrero Pérez, devuelvan a la Diputación de Badajoz los salarios que hayan percibido, una vez determinada la cuantía, más los intereses legales correspondientes, en concepto de responsabilidad civil.
Para Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del Psoe en Extremadura, se solicita también tres años de prisión multas e inhabilitaciones para cargo público, distribuidas entre los diferentes delitos de los que se le acusa como autor en relación con la creación y modificación de los puestos de David Sánchez y Luis Carrero.
Las acusaciones también piden para Ricardo Cabeza, Diputado de Cultura, un año y seis meses de prisión por un presunto delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial por un delito de prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.
Ahora este escrito de acusación, será estudiado por el Ministerio Fiscal y las defensas de los investigados. El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, investiga desde hace un año si la Diputación de Badajoz amañó el contrato que sacó a concurso hace ocho años para David Sánchez, como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz hasta su dimisión el pasado mes de febrero y si, en 2023, preparó otro puesto para Luis Carrero.
