La Asamblea, con los votos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, ha instado a la Junta a establecer líneas de ayudas específicas para las familias que no pueden hacer uso efectivo de la adjudicación de una vivienda de promoción pública VPP, así como modificar el decreto que regula la adjudicación de las mismas y a poner en marcha un protocolo de emergencia habitacional, entre otras.
Estas medidas están contenidas en una propuesta de impulso defendida en el pleno de la Asamblea de este jueves por el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías y a la que el Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra.
Como ha explicado Macías, entre la medidas se encuentra establecer una línea de ayudas económicas específicas para aquellas familias que, habiendo sido adjudicatarias de una vivienda de promoción pública, no puedan hacer uso efectivo de las mismas debido a retrasos burocráticos, defectos estructurales o situaciones análogas no imputables a ellas.
También se pide modificar el decreto que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de tal modo que se garanticen plazos máximos y vinculantes para los procesos de adjudicación, sorteo y entrega de llaves, una vez finalizada la construcción, así como se garantice la máxima transparencia en el proceso mediante la publicación periódica del estado de los expedientes.
Asimismo, se insta a poner en marcha un protocolo de emergencia habitacional, que permita ofrecer soluciones temporales (alquiler subvencionado, viviendas puente) a las familias adjudicatarias afectadas por estos retrasos, además de incluir mecanismos de reparación y compensación para las familias que hayan sufrido daños económicos o personales por la demora prolongada en el acceso a su vivienda adjudicada.
Durante su intervención, Joaquín Macías ha señalado que el caso más paradigmático es el de la localidad pacense de Villafranca de los Barros, donde 31 familias llevan más de dos años sin poder acceder a viviendas que ya les fueron adjudicadas.
Estas viviendas, terminadas en 2023, presentan graves defectos estructurales (humedades, techos dañados, vandalismo), por lo que la Junta de Extremadura ha anunciado que no estarán disponibles hasta marzo de 2026 tras invertir más de 500.000 euros en su reparación.
Al caso de Villafranca, se une el muy similar de Plasencia, en el que se ha sometiendo a las familias adjudicatarias a una espera que se alarga desde 2022 para la entrega efectiva de viviendas públicas.
Así, en octubre de 2024 se informó de que la lista de espera había caducado legalmente, por lo que el procedimiento debía reiniciarse desde cero.
Otros municipios como Almendralejo, Zafra o Talayuela también han sufrido "retrasos injustificables" en los últimos años, por lo que estos ejemplos evidencian que los problemas "no son casos aislados, sino estructurales" y fruto de una "falta de previsión, planificación y coordinación administrativa".
Posición de los grupos
En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha considerado que la petición presente en la iniciativa es "lógica" porque la Administración autonómica tiene las competencias en materia de vivienda y debe garantizar este derecho constitucional de la ciudadanía.
Además, ha abundado en que, si ese derecho constitucional está en cuestión por la propia gestión de la Junta de Extremadura, la responsabilidad debe convertirse en una "obligada solución".
En opinión de Ferreira, la vivienda no es una prioridad para el gobierno presidido por María Guardiola y se ha preguntado que, si una administración que puede permitir dejar de ingresar "tantos millones de euros para que los más poderosos de esta región vivan mejor todavía", cómo no va a tener recursos para garantizar "vivienda y dignidad a familias con recursos limitados".
Por su parte, el diputado del PP Manuel Lozano ha defendido que la vivienda es una prioridad para el Ejecutivo regional, algo que demuestra con "cada una de las medidas que va aprobando Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno".
Con las mismas, como ha señalado, pretende resolver "poco a poco" el "problema" generado por los gobiernos del Partido Socialista, con "ocho años sin hacer prácticamente nada en materia de vivienda".
En esta línea, ha considerado que la propuesta de Unidas por Extremadura parte de un "error evidente", además de considerar "desproporcionadas" algunas de las medidas propuestas para resolver unos problemas que son "absolutamente puntuales".
Finalmente, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha reconocido la realidad de que hay familias esperando entrar en una vivienda pública ya adjudicada.
Por ello, su grupo, como ha señalado, entiende que la propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura contiene medidas "razonables" y que, bien aplicadas, pueden ayudar a corregir una situación que es "injusta".
Así, el diputado ha señalado que Extremadura necesita "menos burocracia y más gestión", ya que detrás de cada retraso hay una familia con necesidades.
