Hace pocas semanas, la Plataforma de Programas de Atención a la Familia de Extremadura se ha constituido como asociación legalmente reconocida. Mantiene su objetivo inicial: la defensa de los derechos de la infancia y de las familias extremeñas, y proteger tanto la dignidad como las condiciones laborales de los profesionales del sector. Agrupa a más de un centenar de ellos, que se encargan de la atención el acompañamiento y la protección de los niños y de sus familiares.
Los derechos se vulneran
En Canal Extremadura Purificación González, portavoz del colectivo, ha manifestado que, por desgracia, siguen siendo frecuentes las vulneraciones de los derechos de la infancia y la familia. Y considera que en este ámbito la comunidad extremeña está sin atender. Quienes trabajan en ello hablan de la falta de medios y la situación de vulnerabilidad que siguen padeciendo. En este sentido, asegura que estos trabajadores acaban siendo tan vulnerables como las familias a las que asisten.
Recientemente han dirigido escritos al Observatorio dela Infancia y a la presidenta de la Junta para solicitarles interlocución y compromiso con la defensa de la infancia y de los servicios que las sostienen. Por el momento no han obtenido respuesta, aunque entienden que en las últimas semanas hemos vivido una situación complicada con los incendios forestales que han azotado la región. Reclaman, eso sí, que sus peticiones empiecen a atenderse, ya que el decreto que regula su actividad caducó hace un año y hay que actualizarlo.
Blindaje de la acción social
Una de sus principales exigencias es que se blinde al sector social en Extremadura, y que se garantice la continuidad y la estabilidad de los programas de atención a familias con unos mínimos asegurados. No les parece de recibo que un educador social de un instituto, por poner un ejemplo, cobre poco más del salario mínimo. Trabajan en condiciones muy variables; es -explica González- "como una lotería". Exigen una regulación que, asegura, les daría estabilidad. Y añaden que la precariedad que sufren perjudica la calidad de la atención.
Estos profesionales esperan que sus entidades no estén sujetas a vaivenes políticos ni a decisiones que no se tomen en perspectiva y a largo plazo. Lamentan el olvido al que todavía, en su opinión , se les sigue relegando. Colaboran también con el grupo de acción social de Extremadura. Purificación González concluye poniendo de relieve que el caso de Belén Cortés, la educadora social asesinada en un centro tutelado de Badajoz el pasado 9 de marzo, puede marcar un antes y un después para ellos.
