La Consejería de Educación ha hecho una propuesta para reducir en 24 el número de aulas de enseñanza concertada para el próximo curso en Extremadura: 13 serían en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres. Esa cifra, no obstante, podría aumentar en los próximos días. Se aplicarían criterios de alumnado. Así se ha decidido tras reunirse ayer las mesas del área educativa de ambas demarcaciones. Una decisión que ha provocado las quejas de ciertos sectores de padres y docentes, que proponen que se reduzcan las ratios.
La medida no es definitiva; hay que estudiar las alegaciones. La Junta sostiene que sus criterios son flexibles, considera que la reducción es "mínima teniendo en cuenta la bajada de natalidad" y explica que las razones están tasadas legalmente "por la falta de alumnado, o porque los grupos cuenten con una ratio media inferior a la ratio de la enseñanza pública en la localidad en que se ubica el colegio concertado". Y recuerda que para el próximo curso "financiará la contratación extraordinaria de 90 docentes para la escuela concertada".
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Extremadura recuerda que esa merma puede acabar con el despido de muchos profesionales. Enrique Silveira es su portavoz, asegura que "cerrar esas aulas es un recurso bastante ramplón que no requiere esfuerzos; lo que se debería es utilizar la crisis de natalidad para mejorar las ratios".
La decisión tampoco gusta a la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Cristóbal Gamero, presidente regional de CONCAPA, recuerda que los cierres afectan a centros "rurales y de difícil acceso, de familias que demandan necesidades educativas especiales, y tras denegarnos todos los profesores de apoyo que se han solicitado". Gamero lamenta además que no haya bolsa de recolocación y que la concertada sólo se lleve el 18,2% de los fondos para educación.
La consejera extremeña de Educación, Esther Gutiérrez, pide que no se genere controversia: "Hay un decreto que lo regula y por lo tanto no debería crear más polémica; la falta de natalidad es una realidad y hay que tomar medidas tanto en la educación pública como en la concertada". Recuerda el Gobierno regional que se ha contratado de forma extraordinaria a 90 docentes para concertada, una cifra muy superior a la de un curso sin pandemia.
Y sobre la sentencia judicial que reconoce a dos profesores el pago de la retroactividad, Gutiérrez la acata, pero matiza: no es extensible a los más de 3.000 (la mitad de ellos del sindicato PIDE) que la solicitaban ese reconocimiento.
