El juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas ha arrancado en el Tribunal Supremo con una intensa primera jornada en la que han declarado hasta once testigos.
Entre las declaraciones, la de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, quien ha reconocido que llegó a cobrar de empresas públicas sin desempeñar funciones. Durante su intervención, ha explicado que fue contratada en Ineco y posteriormente en Tragsatec, pero que en la práctica no realizó trabajo alguno: “Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran”.
Jéssica también ha relatado aspectos de su relación personal con Ábalos, asegurando que fue él quien le propuso buscar una vivienda en la Plaza de España y que eligiera la que quisiera. Según dijo, pensaba que el entonces ministro asumía el coste del alquiler, aunque nunca lo confirmó. Además, ha reconocido que recibía dinero en efectivo y otros beneficios, como el pago de estudios o la compra de un teléfono móvil.
Otros testigos
En la misma sesión también ha declarado el hijo del exministro, quien ha negado ser testaferro y ha defendido que el dinero que ha entregado a su padre procede de sus propios ingresos. “Cuando se divorcia su situación cambia y estamos para ayudarle en lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie”, ha afirmado.
Por su parte, Joseba García, hermano del exasesor ministerial, también ha rechazado actuar como testaferro, aunque sí ha reconocido haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero en metálico para su hermano. “Entiendo que era dinero porque me lo dijeron, pero nunca abrí el sobre”, ha señalado durante su declaración.
Otro de los testimonios ha sido el de Ignacio Sánchez, quien ha optado por no responder a la mayoría de preguntas alegando su condición de investigado en la Audiencia Nacional. No obstante, ha negado cualquier implicación en la compraventa de material sanitario.
Además, también han declarado por escrito la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos han negado haber tenido relación con las contrataciones vinculadas a las empresas del empresario Víctor de Aldama durante sus etapas al frente de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente.
