Cuatro meses después de la agresión sexual a una menor en un colegio público de Montijo, la familia de la víctima continúa sin conocer el estado de los procedimientos administrativos puestos en marcha por la Junta de Extremadura.
Aseguran,a través de su abogado, que la administración regional incumple de esta manera la ley, al no dar respuesta a sus peticiones. De continuar con esta actitud, se plantean denunciar judicialmente, tanto a la Consejería de Educación, como al centro docente, para pedir responsabilidades patrimoniales.
La familia afirma que su hija, víctima de agresiones sexuales con tan solo cinco años, continúa compartiendo centro con uno de los presuntos agresores, al negarse la Junta de Extremadura a cambiarle de colegio.
Desde la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACOES) señalan que el centro sólo se limita a vigilar que no coincidan ambos alumnos. Una situación que, protestan desde ACOES, produce un profundo dolor emocional a la víctima que, por ejemplo, para ir al baño tiene que pasar delante de la clase donde se encuentra el presunto agresor. Los otros dos presuntos agresores sexuales han cambiado su lugar de estudio por iniciativa de sus propios progenitores ,tras hablar con la familia de la víctima.
El abogado de la familia de la víctima ha denunciado, además, que la niña no ha recibido ningún tipo de asistencia por parte de la Junta de Extremadura. Todo el apoyo profesional que ha tenido hasta ahora ha salido, asegura el letrado, del bolsillo de sus padres, que son quienes han buscado y pagado a los profesionales que la han atendido estos meses.
Los hechos denunciados
Los hechos ocurrieron a lo largo de todo el pasado curso, pero la denuncia ante el centro se interpuso en julio. Los tres presuntos agresores, de la misma edad que la víctima, la arrastraron de brazos y piernas para llevarla tras unos setos dentro del recinto escolar para agredirla, bajarle la ropa interior y dañarle salvajemente las partes íntimas con arena, piedras incluso uñas.
La familia denunció la agresión sexual a la Guardia Civil que archivó el caso al ser los presuntos agresores inimputables por su edad.
