El alcalde de Berlanga, Juan Manuel Ortiz Paredes, se enfrenta a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel, además de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía pide esa pena tanto tanto para el primer edil, como para a otra concejala de su equipo, y otros tres ex-concejales socialistas entre 2011-2015. Se les acusa de un delito de falsificación documental y prevaricación administrativa. También se piden 6 años de cárcel para el que fuera alcalde socialista en esa época, Vicente Barragán.
Los hechos tienen que ver con supuestas irregularidades en el contrato de obras de la residencia de ancianos y con la liquidación del presupuesto municipal del año 2010.
También están acusados el tesorero y la Secretaria municipal que ejercían en el momento en el que se produjeron los hechos.
Reacciones políticas
Desde el PP local piden la dimisión del actual alcalde antes de que se celebre el juicio. El presidente provincial de los populares, Francisco Javier Fragoso, ha asegurado que si Ortíz sigue ejerciendo sus responsabilidades como primer edil puede intentar modificar algunas de las cuestiones que podrían demostrar lo delitos cometidos.
Su partido, el PSOE, confía en su inocencia y califica de irresponsable la postura del PP. Juan Antonio González, el portavoz regional del Partido Socialista, ha aseverado que "queremos escuchar lo que tiene que decir. Tiene todo el derecho del mundo a defender su inocencia y además no está imputado".
Por su parte, Juan Manuel Ortíz, alcalde de Berlanga, ha declinado hacer declaraciones a Extremadura Noticias.
Apunte contable "falso" de 826.000 euros
La acusación pública sostiene que en junio de 2011 se creó un apunte contable falso por importe de 826.000 euros, fechado en noviembre de 2010 y con cargo al presupuesto de ese año, supuestamente para construir una residencia de ancianos.
Con este dinero el Ayuntamiento de Berlanga reconoció la obligación de abonar a unas empresas la cuantía para la construcción de esa residencia. Sin embargo, dichas empresas no habían realizado ninguna obra ni facturado por ella.
Según la acusación el único objetivo, de ese "apunte contable falso" era causar un desequilibrio presupuestario para despedir a dos trabajadores.
