El Gobierno ha aprobado este martes el protocolo que regula el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia el resto de comunidades autónomas, con excepción del País Vasco y Cataluña, excluidas por el "esfuerzo previo" en materia de acogida. Se prevé la reubicación de unos 3.000 jóvenes a finales de agosto.
Extremadura acogerá a 159 menores y recibirá una financiación de 2.075.000 euros. Desde el Ejecutivo regional, junto a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha, han criticado en numerosas ocasiones, el reparto propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia, al considerar que se han aplicado criterios "arbitrarios y sin consenso", con el objetivo de excluir del sistema a Cataluña y el País Vasco, socios parlamentarios del Gobierno central.
Solidaridad, pero "falta de transparencia"
Precisamente este marte, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García, ha reiterado la solidaridad con Canarias, pero ha acusado al Ejecutivo central de actuar con falta de transparencia, llevando a cabo el proceso "al margen del reglamento y de los cauces institucionales".
García ha advertido que en Extremadura ya existe una situación de sobreocupación: se dispone de 344 plazas, pero actualmente hay 374 menores acogidos, a los que se sumarían los 159 previstos. "Desde Extremadura se ha informado de que no existen plazas disponibles. Si, aun así, se procede al traslado de menores migrantes, será responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno de España", ha afirmado. Además, ha recordado que ha sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 2/2025.
Las comunidades alegan que dicho decreto vulnera el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías, así como los principios de autonomía y solidaridad.
Protocolo de reubicación de menores migrantes no acompañados
El protocolo establece que la comunidad receptora debe iniciar los trámites mediante entrevistas individuales y la elaboración de informes sobre cada menor. Los traslados, organizados por la comunidad de destino, serán financiados por el Estado, que ha destinado 100 millones de euros para esta actuación.
Los desplazamientos serán realizados por profesionales de la comunidad de origen, en coordinación con los de destino. En caso de negativa por parte de una autonomía, se podrá solicitar apoyo a las fuerzas de seguridad, que informarán al Ministerio Fiscal y entregarán al menor a la entidad correspondiente.
Además, el Gobierno prevé aprobar una declaración de emergencia dotada con 40 millones de euros para trasladar a menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, creando 1.200 plazas en centros gestionados por el Estado. Esta medida responde a una sentencia del Tribunal Supremo que atribuye al Estado la competencia sobre estos menores.
