El Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto‑ley que modifica la Ley 4/2015 con el fin de adaptar el funcionamiento de un Gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños, garantizando así el funcionamiento ordinario de la Administración y la prestación de los servicios públicos. La norma ha sido consensuada con el grupo parlamentario VOX, en una línea de entendimiento para ofrecer soluciones concretas a Extremadura.
El Ejecutivo considera que la regulación vigente era excesivamente rígida, más restrictiva que la legislación estatal y la de otras comunidades. Estas limitaciones podían afectar al funcionamiento normal de la Junta y, especialmente, a la prestación de servicios públicos, algo especialmente sensible cuando la interinidad se prolonga y coincide con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, como ocurrió tras las elecciones autonómicas celebradas en diciembre.
Con esta norma, la Junta corrige límites que impedían sacar adelante actuaciones necesarias, permitiendo intervenir cuando existan razones de urgencia, interés general o la necesidad de asegurar la ejecución de fondos finalistas. El decreto‑ley facilita la firma de convenios, la tramitación de expedientes indispensables, la canalización de fondos públicos y la gestión de procesos selectivos o necesidades de personal ya comprometidas.
El texto también advierte del riesgo que suponía la normativa anterior para la ejecución en plazo de fondos finalistas y para sectores esenciales como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales. En materia de subvenciones, el decreto‑ley permite mantener ayudas directas a entidades públicas y privadas vinculadas a servicios sociales, inclusión, atención a la discapacidad o personas mayores. Asimismo, en función pública garantiza la viabilidad de oposiciones y ofertas de empleo ya aprobadas, como la prevista para el Cuerpo de Maestros.
En resumen, la iniciativa permite garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración, proteger los servicios públicos, asegurar la ejecución de fondos esenciales y evitar que una regulación demasiado rígida termine afectando a la atención ciudadana, reforzando así la capacidad de respuesta de la Junta de Extremadura durante un periodo prolongado de Gobierno en funciones.
