El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña.
Esta decisión se toma al amparo de las facultades que confieren al Ejecutivo extremeño la Constitución Española y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según se detalla en la reseña del Consejo de Gobierno.
Asimismo, se insta a la Abogacía General de la Junta a iniciar los trámites legalmente establecidos para la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad, llevando a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para sustentar dicha interposición.
De esta forma, el Ejecutivo extremeño ha recalcado que la región se ha manifestado "de forma inequívoca" en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan.
Así, ha insistido en que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura imponen el mandato a todos los poderes públicos, y en particular a las instituciones de la región, de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los extremeños, entre sí y con el resto de los españoles, sean "reales y efectivas", remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.
Así, y para el gobierno de la Junta de Extremadura, resulta "patente" que una ley orgánica como la señalada constituye un "obstáculo para la plenitud" de la igualdad entre los ciudadanos de Extremadura y los de Cataluña, lo que "obliga" a todos los poderes públicos, entre ellos los extremeños, a adoptar "todas las medidas necesarias para remover y anular ese trato de privilegio".
