Es la tercera sentencia en el mismo sentido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado íntegramente el contencioso administrativo de la Junta de Extremadura contra la resolución del ministerio de Agricultura que impedía la plantación de cava en nuestra región entre 2020 y 2022. Son unas 300 hectáreas, que pertenecen a unos 120 agricultores.
El fallo no es definitivo porque cabe recurso ante el Tribunal Supremo. No obstante, el Alto Tribunal ya ha dado la razón a la Junta de Extremadura en anteriores ocasiones. Ahora hay que establecer el número de nuevas hectáreas inscritas en la denominación de origen del Cava de cara a los próximos ejercicios.
Tanto la administración regional como las organizaciones agrarias apuestan por negociar el número de hectáreas en el Consejo Regulador. Proponen llegar a un punto intermedio que permita ampliar las hectáreas donde no hay problema para la venta de los cavas, tal y como ocurre en nuestra región.
Aquí hay actualmente 1700 hectáreas de viñedo inscritas en la Denominación de Origen del CAVA.
Javier Pagés, reelegido presidente de la DO Cava
