La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha defendido, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox en la región, que los derechos humanos “no pueden ser moneda de cambio”.
La plataforma, en nota de prensa, ha señalado que las fuerzas políticas del arco parlamentario están llamadas a negociar, dialogar y establecer pactos pero “no todo vale”, sino que existen “límites legales y éticos: los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio”.
Del mismo modo, ha recalcado que las “palabras importan” y ha añadido que, “con su uso incorrecto, se despersonaliza y criminaliza intencionadamente” a las personas migrantes que habitan Extremadura.
Por ello, ha considerado que en España es incorrecto tachar de “ilegal” a una persona migrante y ha huido de la utilización de la palabra mena, ya que se trata de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
También ha apuntado que una “breve mirada” a datos oficiales permite verificar que no se ajusta a realidad alguna que la llegada de menores migrantes sin referentes familiares a España sea “masiva”, toda vez que en Extremadura “no pasan de 150” los menores y adolescentes migrantes no acompañados dentro del sistema de protección.
“El Gobierno de España ordena que sean 364. ¿De verdad quieren hacernos creer que asumir esas tutelas ponen en riesgo la seguridad de la región o el futuro laboral del resto de jóvenes? Quizá es mejor preguntarse por la cantidad de jóvenes extremeños que se siguen viendo obligados a salir de Extremadura para buscar oportunidades en otros territorios y las causas reales que lo provocan”, ha asegurado.
El acuerdo rubricado entre PP‑Vox, en opinión de la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura, también “criminaliza” a la sociedad civil organizada, así como a las entidades que dan apoyo humano y acogida a las personas migrantes llegadas a Extremadura.
Así, ha criticado que acusa a estas organizaciones de recibir fondos públicos para “cometer delitos”, como el tráfico de personas o colaborar con mafias, unas prácticas “deleznables y una acusación infundada”.
“No, no nos da miedo: con y sin fondos públicos continuaremos juntas y convencidas del lado de la historia en el que hemos elegido vivir, sintiéndonos pueblo, dando y recibiendo apoyo de seres humanos, vengan de donde vengan, haciendo comunidad, recordándonos que ‘nadie es el otro’, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, y exigiendo a nuestras administraciones que hagan lo propio. Les guste o no. Nos comprometemos a permanecer vigilantes para garantizarlo”, ha asegurado.
Por otro lado, la plataforma ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que “por fin” pongan el foco en los padrones municipales. “Aunque su fin último es criminalizar de nuevo, estamos convencidas de que si aplican esa medida se toparán con otra realidad, que esperamos que como administración atiendan: la de muchas personas migrantes que desean sin suerte formalizar su padrón, un deber y un derecho fundamental de todo ciudadano/a, ‘llave’ de multitud de derechos básicos, negado continuamente”, ha aseverado.
También ha asegurado que entre los compromisos alcanzados entre PP‑Vox se alude a competencias “únicamente estatales que escapan a su alcance” y que, en cuanto a las competencias puramente autonómicas, como es la tutela de los niños y niñas sin referentes familiares en suelo extremeño, la administración está obligada a su cuidado y a la debida tramitación de sus permisos de residencia.
“Es islamófobo, machista e ilegal la propuesta de prohibición del burka o del nicab en espacios públicos”, ha apuntado, al considerar que se trata de una cuestión prácticamente inexistente en la región, que solo podría regularse mediante una ley estatal y que no respetaría derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad religiosa, ideológica, personal y el derecho a la propia imagen.
Por ello, la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse en la defensa de los derechos humanos.
“Nos entristecen los acuerdos entre PP‑Vox en materia de migración —un término al que le robamos la i—, porque la historia nos demuestra que todas y todos somos, hemos sido o seremos personas migrantes, y que no existe la necesidad de justificar la motivación que lo impulsa”, ha señalado.
