El año pasado en doce provincias no se practicó ningún aborto. Entre ellas, Cáceres. Pero desde 1985, en ocho no se ha practicado nunca una interrupción del embarazo, ni en la sanidad pública ni en la privada. Cáceres también se encuentra en ese listado.
Son algunos de los titulares que deja la investigación de la periodista de Newtral Noemí López Trujillo. Asegura que a pesar de ser un derecho, se cumple "con ciertas limitaciones". Considera que es un derecho que no se ha garantizado en los 13 años que han pasado desde que se aprobó la ley en 2010.
"Muchas mujeres son derivadas a otras comunidades autónomas y provincias y la mayoría de los abortos que se realizan en clínicas privadas", considera. Y apunta que "se cumple como derecho pero no con todas las garantías que se debería".
Noemí López reflexiona que "hay mujeres que incluso tienen que abortar en el extranjero" y otras "que incluso pagan por abortar", por lo que entiende que el sistema público, a día de hoy, cuando hay algún problema con el embarazo y no puede seguir adelante, "te expulsa".
Proceso duro
Lo es en la mayoría de los casos. A este proceso hay que añadir el sufrimiento de tener que dejar su casa para abortar en otra comunidad autónoma. Según los datos de Noemí López Trujillo, en 2020, en pleno confinamiento, 559 mujeres en nuestro país fueron obligadas a viajar para poder abortar.
Cuando hablamos de aborto, existen interrupciones voluntarias y abortos por necesidad médica de la madre o del feto. En Extremadura, en más del 80% de los casos se deriva a las clínicas privadas. Nos fijamos en el año pasado. En la región ni un solo aborto se realizó en un centro sanitario público; ni dentro ni fuera de la región. Por tanto, cuando Extremadura deriva a otras comunidades autónomas lo hace siempre a clínicas privadas.
Sentencia pionera
El Tribunal Constitucional ha condenado a la comunidad autónoma de Murcia a indemnizar a una mujer a la que denegó la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo con el argumento de que no había médicos dispuestos a practicar el aborto. Lo tuvo que hacer en Madrid. Su abogada, Estefanny Molina, considera que "supone una forma de reparación" y que esto supone "un precedente importantísimo".
