Complejo Isla Valdecañas
El Tribunal Supremo obliga a demoler el Complejo Marina Isla de Valdecañas: el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. Es la última decisión de un conflicto judicial especialmente largo y especialmente relevante por su impacto en la economía extremeña y en la vida de cientos de personas que residen, visitan o trabajan en el complejo turístico.
Según ha informado el propio TSJ extremeño, el contenido íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días. Con él podrían empezar a resolverse 16 años de controversia.
El proyecto del Complejo Marina Isla de Valdecañas echó a andar en el año 2006 y solo un año después comenzaron a moverse los terrenos. Chalets, campo de golf, hoteles y hasta una playa artificial forman parte hoy por hoy de la fisonomía de Valdecañas. Un proyecto que promotor y alcaldes veían como futuro de la zona.
Pero para que el proyecto viera la luz se modificó el plan municipal de El Gordo y también la ley del suelo de la región. Pero esos cambios llegaron una vez iniciado el proyecto, generando uno de los grandes conflictos legales que aún hoy se dilucidan. La reforma se aprobó en marzo de 2011 y contó con apoyo de PP y PSOE, los únicos grupos presentes entonces en la Asamblea de Extremadura. Era el último pleno de la legislatura.
Esta aprobación fue objeto de durísimas criticas de los ecologistas, que siempre han lamentado la regularización a posteriori y que se utilizaran terrenos de la Red Natura 2000 y declarados por la UE como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) para un proyecto de esas características. De hecho, denominaron el complejo como 'La Marbella extremeña'.
"Los delincuentes del ladrillo deben saber que si van a construir en un espacio protegido les va a ocurrir lo que les va a ocurrir a estos: que tienen que derribarlo", declaraba entonces Paca Blanco, una de las ecologistas que más ha clamado contra la ilegalidad de la urbanización turística. Vivía en uno de los pueblos donde se construyó, El Gordo, y ya en 2011, cuando la primera sentencia le dio la razón, denunció amenazas y puso en venta su casa por miedo a que se dañase a su familia.
Ha sido una batalla judicial que se alarga ya durante 16 años años. El gobierno regional recuerda que el proyecto ha permitido que los pueblos del entorno revivan. Se ponen frente a frente desarrollo y medio ambiente. "Tenemos un problema: no podemos estar por la mañana pidiendo empleo y por la tarde defendiendo cosas que no generan empleo; entre el desarrollismo devastador y entre el conservacionismo reaccionario hay un término medio", declaró Guillermo Fernández Vara.
Los tribunales han dado la razón a los ecologistas en varias ocasiones. Las más contundentes, en 2011, en 2014 y finalmente en 2019. Sentencias que ordenan derribar un complejo construido ilegalmente e irregularmente legalizado, pero cuya demolición es muy difícil y muy costosa. El abogado de los propietarios, Luis Diaz Ambrona, defiende que "ir a la demolición provocaría un daño medioambiental más grave que mantener el complejo con medidas correctoras".
Sin embargo, el informe de la estación biológica de Doñana sobre si era conveniente o no derribar este espacio dictaminó que mantener el complejo en su estado actual es la opción más perjudicial para la ZEPA. Pero aún con ello, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 2020 ordenaba paralizar los proyectos de ampliación pendientes pero respetando lo ya construido. Una decisión que ahora vuelve a tumbar el Tribunal Supremo para ordenar, de nuevo, la demolición de todo el complejo y su posterior restauración para que Valdecañas se parezca a la isla que fue antes de 2006.
El único calcula estimativo realizado sobre esa demolición lo cifraba en unos 40 millones de euros, a los que podría sumársele indemnizaciones por valor de hasta 111 millones de euros. El Supremo hará pública la semana que viene la sentencia adelantada hoy. En esa sentencia, o en posteriores, deberá aclararse si hay indemnizaciones, cuáles son sus cuantías y si será la Junta la que deberá abonarlas en concepto de responsabilidad patrimonial.
