Un día obligatorio de teletrabajo a la semana, el abaratamiento del transporte público y el cierre de edificios públicos son algunas de las medidas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para paliar la crisis energética derivada del conflicto en Irán. El objetivo es claro: reducir el consumo de electricidad, gas y carburantes en los países miembros.
Esta propuesta será planteada la próxima semana durante la Cumbre de Chipre y cuenta ya con el respaldo de organizaciones sindicales en Extremadura, que apoyan la implantación de, al menos, un día de teletrabajo semanal en las empresas, especialmente en aquellos sectores donde sea viable.
En el caso de la Administración Pública de Extremadura, el teletrabajo ya está regulado a través del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, que introdujo importantes novedades para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos. Entre ellas, destaca que esta modalidad puede solicitarse en cualquier momento del año y que la antigüedad mínima requerida se ha reducido de un año a seis meses.
Con carácter general, el teletrabajo en la Junta de Extremadura puede realizarse hasta tres días a la semana, mientras que el resto de la jornada debe ser presencial. El régimen tiene una duración mínima de tres meses y máxima de un año, con posibilidad de prórrogas por periodos iguales, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
Actualmente, Extremadura presenta una de las tasas más bajas de teletrabajo del país, que no alcanza el 10 % de la población ocupada, muy por debajo de la media nacional. La principal dificultad radica en la estructura productiva de la región, con un peso destacado del sector primario, los servicios, el transporte o el ámbito sanitario, donde esta modalidad resulta inviable.
En la Administración autonómica, de los 13.000 empleados públicos, 3.342 han solicitado acogerse al teletrabajo, lo que supone aproximadamente un 25 % del total. Las consejerías con mayor número de solicitudes concedidas son la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. No obstante, muchos servicios deben seguir prestándose de forma presencial.
Con estas iniciativas, la Unión Europea pretende reducir el sobrecoste energético acumulado, que ya supera los 22.000 millones de euros desde el inicio del conflicto, y avanzar hacia un modelo de consumo más eficiente y sostenible.
