La juez instructora del caso UPA UCE Extremadura ha ordenado la apertura de juicio oral contra los siete acusadas de la organización agraria y la propia entidad. Es decir, el instructor ve indicios racionales de que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito.
El auto, firmado el 27 de abril, da por formulada la acusación contra UPA y siete integrantes entre los que se encuentran su secretario general Ignacio Huertas, el secretario de Organización, Maximiano Alcón, así como Miguel Leal y José Cruz. Para todos ellos, el fiscal pide penas de hasta 16 años de cárcel y más de 30 millones de euros de indemnización.
La jueza considera que habría un delito continuado contra la Hacienda Pública, otro de falsedad documental y uno continuado de blanqueo de capitales. También señala un delito de pertenencia a organización criminal para todos los acusados y se ratifica su libertad provisional al tiempo que se les requiere una fianza de más de cuatro millones de euros, como solicitó la Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil.
La apertura de juicio es un nuevo paso dentro del proceso abierto a raíz de la Operación Tellus, que destapó la presunta gestión fraudulenta de las subvenciones destinadas a los agricultores entre los años 2011 y 2015.
