Eva González Pérez, abogada española que ejerce desde hace dos décadas en Países Bajos
La abogada extremeña Eva González denunció hace casi ocho años que el gobierno de los Países Bajos denegaba ayudas para las guarderías a familias de origen extranjero sin recursos acusadas, además, de fraude. Un proceso largo que acabó por darle la razón a ella y a las casi 26.000 familias afectadas en todo el país que se saldó, además, con la caída en bloque del gobierno de Mark Rutte el año pasado.
El escándalo que sacudía al país suma ahora, casi un año y medio después, un nuevo capítulo porque, lejos de enfriarse el tema, la discriminación vuelve a salir a la luz tras la auditoría realizada por la consultora PricewaterhouseCoopers a la oficina de hacienda en la que se manifiesta que la administración operaba de manera racista.
Así lo ha señalado el secretario de estado de Hacienda, Marnix LA van Rij en una carta en la que reconoce los hechos, dice que no se volverán a producir, pero en la que evita vincular el escándalo con cualquier decisión política.
El organismo auditado realizaba sus funciones analizando aspectos como la nacionalidad de las personas para determinar si se investigaban sus casos y expedientes de una manera más exhaustiva, algo que cae “dentro del racismo institucional” según ha confesado en la misiva.
La operación en la que se ha auditado los procesos llevados a cabo por el organismo de hacienda de los Países Bajos revela que los expedientes incluían expresiones como discriminatorias y racistas por parte de los funcionarios encargados de cada caso.
“Miraban cómo eran los nombres de las personas y, si eran extranjeros, los investigaban antes y más a fondo” detalla a Canal Extremadura la abogada Eva González, que vive allí desde que era prácticamente una niña.
González denuncia que esas investigaciones no se realizaban a ciudadanos o empresarios holandeses para centrarse en personas o entidades dirigidas por personas procedentes de otros países.
La discriminación del estado a miles de familias, entre ellas la suya, quedó probada tras la sentencia histórica que le daba la razón en el año 2020 y ahora da un paso más, pues aunque no se trata de un fallo judicial, el estado de ese país reconoce la mala praxis en materia de discriminación.
“Han salido los expedientes que hemos ido solicitando desde entonces y se pueden leer expresiones como nido de extranjeros o grupo de criminales para referirse a personas que solo trataban de realizar su declaración” lamenta durante la conversación.
Eva González explica sin embargo que, aunque su denuncia tuvo una repercusión importante, llegar hasta aquí no hubiera sido posible gracias al apoyo que ha recibido por parte de políticos, de periodistas y de personas que, al igual que ella, se han visto afectadas en algún momento por la discriminación y el racismo del gobierno neerlandés.
Listas negras
La administración tributaria habría estado trabajando con listas negras según la investigación desarrollada por los medios de comunicación del país Trouw y RTL Nieuws y reconocida por el estado. Unos listados en los que se incluían a personas “con alto riesgo de fraude” según las autoridades responsables de hacienda.
La auditoría saca a la luz que las personas se incluían o no en esa lista en función de sus características personales, la nacionalidad y la edad, por lo que muchas de las personas incluidas en esta publicación que marcaba la hoja de ruta de los funcionarios acababan con problemas emocionales y, consecuentemente, financieros.
Las personas afectadas permanecen ahora a la espera de saber si finalmente, tal y como se ha anunciado, recibirán algún tipo de compensación económica en virtud de los daños y problemas causados por este proceso racista reconocido públicamente por el estado neerlandés.
Oficialmente se reconoce la existencia de listas negras en las que se recogía la población a investigar, como son el caso de ciudadanos búlgaros. También existía hasta salir a la luz una lista en la que se incluían a personas bajo el epígrafe de criminales y otra con nombres de grupos de población, como antillanos.
La administración reconoce que “la discriminación basada e la religión, el género, la raza o la edad no solo es un tema delicado, sino también un problema legal.
Una denuncia con origen extremeño
La persona que da la voz de alarma sobre el trato discriminatorio de la administración pública de los Países Bajos fue Eva González Pérez. La abogada de orígenes extremeños comenzó a investigar en el año 2014 tras comenzar a observar que la Agencia Tributaria del país acusaba de fraude sin tener pruebas y les exigía devolver el dinero recibido por parte de los fondos públicos en concepto de ayudas. Tras las evidencias recabadas al respecto, la denuncia de un parlamentario hizo caer en bloque al gobierno del país.
"Son ilegalidades institucionales" aseguraba González entonces a Canal Extremadura que, apoyada por el defensor del pueblo, de los menores y por la autoridad de datos del país, ha sacado a la luz un caso de discriminación y raciscmo institucional que afecta a unas 26.000 familias que no podían pagar la factura de las guarderías ante la crisis provocada por la denuncia de hacienda.
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