El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura apuesta por una defensa expresa del sector primario, que los firmantes se comprometen a proteger frente a iniciativas como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, al tiempo que rechazan de forma rotunda el acuerdo comercial con Mercosur, al entender que perjudica a los productores extremeños.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la defensa férrea del proyecto de regadío de Tierra de Barros, una reivindicación histórica que durante décadas ha generado un intenso debate político en la región. El pacto contempla la creación de una Dirección General de Regadíos, destinada a ejecutar el proyecto en su totalidad, una medida que refuerza el compromiso de ambas formaciones con esta infraestructura.
El regadío de Tierra de Barros ha sido un asunto muy demandado por el sector agrario, pero también uno de los proyectos más controvertidos en Extremadura. En los últimos años ha vuelto al centro del debate político, escenificando numerosos desencuentros entre PP y Vox, pese a que ambos partidos se han mostrado partidarios de impulsarlo, aunque con modelos de desarrollo diferentes. Ahora, el proyecto queda integrado de forma expresa en el acuerdo de gobernabilidad.
Se trata del sexto punto del pacto entre PP y Vox, en el que no se detallan cifras económicas concretas, pero sí se incluye el compromiso de reactivar el proyecto antes de septiembre de 2026. El regadío de Tierra de Barros afecta directamente a más de 1.200 familias de la comarca y ha sido una reivindicación histórica del mundo rural. Además, es un proyecto cuestionado por las instituciones europeas, lo que ha añadido complejidad a su tramitación y ha alimentado el debate político en la región.
Para Vox, el impulso del regadío ha sido una de sus principales consignas electorales, mientras que el PP, y en particular la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya había expresado su intención de sacarlo adelante, llegando incluso a intentar reflejarlo en los presupuestos autonómicos.
Con el compromiso conjunto de crear una Dirección General de Regadíos, los regantes de la Tierra de Barros se muestran ahora cautos pero esperanzados. Desde la comunidad de regantes advierten, no obstante, de la necesidad de actualizar el proyecto de obras y de iniciar los trabajos antes de agosto de 2027, fecha en la que caduca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El sector confía en que este nuevo escenario político permita recuperar la ilusión por un proyecto clave para el futuro del mundo rural extremeño, al que consideran determinante para garantizar la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas de la comarca.
El documento también incide en la gestión de los espacios protegidos, planteando una revisión técnica de las zonas ZEPA y LIC con el objetivo de que su conservación sea compatible con el desarrollo económico del medio rural. A ello se suman planes de infraestructuras hídricas, inversiones en caminos rurales y vías pecuarias, así como la voluntad de reformar leyes que, según PP y Vox, perjudican al sector, entre ellas la Ley de Caza.
