Prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 sumaría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros a la factura eléctrica, según el estudio "Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales", encargado por Greenpeace a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
El análisis, presentado este martes y llevado a cabo por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, y el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Víctor García Carrasco, pone de manifiesto que el cierre programado de Almaraz es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”.
Para llegar a esta conclusión, los expertos se han basado en simulaciones horarias detalladas del periodo 2026-2033, que integran la evolución prevista de la demanda, el despliegue de energías renovables, el almacenamiento energético, el calendario de cierre nuclear y la formación de precios del mercado eléctrico.
Con todo ello, han señalado que en lo que respecta a los efectos económicos, prorrogar Almaraz generaría un alivio “transitorio” tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030. Sin embargo, a partir de 2031 provocaría un incremento sostenido de ambas métricas. Para 2033, el mercado mayorista alcanzaría 63,5 euros/MWh, un 9,5% más que los 58 euros/MWh del escenario de cierre programado.
“En términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros”, ha explicado.
La central de Almaraz abrió entre 1983 y 1984. Según el calendario actual de cierre, terminaría su operación entre 2027 y 2028. El año pasado, las empresas titulares pidieron oficialmente una prórroga hasta 2030. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está estudiando su viabilidad y prevé publicar su informe en verano.
Aun así, la última decisión correspondería al Gobierno, que ha fijado tres líneas rojas: seguridad radiológica, garantía del suministro eléctrico y ningún coste adicional para la ciudadanía. En este marco, los investigadores sostienen que la prórroga “no cumple el criterio de viabilidad económica al generar mayores costes, frenar la transición energética y aumentar las emisiones”.
“El mantenimiento del calendario de cierre acordado es la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad económica del país”, han señalado.
Según las simulaciones, la energía aportada por Almaraz puede ser reemplazada casi por completo por energías renovables. La generación renovable adicional cubriría el 96,4% de la energía que dejaría de producirse, junto con el aumento de demanda en 2028 y 2029. “No se observa una dependencia estructural del gas asociada al cierre”, explican.
En cambio, la prórroga retrasaría “de forma significativa” la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. La cobertura renovable del sistema en 2030 pasaría del 65,8% al 59,3%. Además, este escenario reduciría la señal de inversión y provocaría una pérdida acumulada de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033.
Si se cierra la central según lo previsto, podría reducirse el vertido de renovables e integrarse más de 3,8 TWh anuales de energía limpia previamente desaprovechada, aproximadamente la mitad de lo que genera un reactor nuclear en España.
En cuanto a las emisiones, Sanz y García Carrasco explican que la prórroga genera una reducción temporal de uso de gas entre 2028 y 2030, pero provoca un sistema menos renovable a partir de 2030, lo que deriva en mayores emisiones a medio plazo.
Entre 2026 y 2033, los escenarios de prórroga acumulan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de CO₂ adicionales respecto al cierre programado. “Esto equivale a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o a las de un vehículo de gasolina dando más de un millón de vueltas a la Tierra”.
Estas emisiones extra implicarían un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutido directamente en el precio de la electricidad.
