El juicio contra una jueza de Badajoz, que comenzó el pasado 19 de marzo, se retoma en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con sede en Cáceres. La magistrada se sienta en el banquillo acusada de haber dictado resoluciones supuestamente arbitrarias para dilatar el levantamiento del embargo de 830.000 euros pertenecientes a un empresario, pese a que la Audiencia Provincial lo había absuelto del delito por el que ella misma lo condenó y ordenó desbloquear dicha cuenta.
La Fiscalía, que inicialmente solicitaba 16 años de inhabilitación por prevaricación judicial, ha rebajado su petición y plantea como calificación principal un delito de retardo malicioso en la administración de justicia, por el que pide un año de inhabilitación. Sostiene que, tras la absolución en 2019, la jueza mantuvo injustificadamente el bloqueo del dinero mediante decisiones carentes de respaldo jurídico, prolongando la situación durante años.
La acusación particular eleva la petición hasta 20 años de inhabilitación, mientras que la defensa, ejercida por el abogado José Duarte, solicita la absolución. Los hechos se remontan a 2018, cuando la magistrada condenó al querellante por insolvencia punible y ordenó el embargo de los fondos. Aunque la Audiencia revocó la sentencia en abril de 2019 y ordenó la devolución del dinero, parte de la cantidad (más de 42.000 euros) permaneció retenida hasta abril de 2025, cuando finalmente se procedió a su devolución por orden judicial.
Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
