En el Hospital de Mérida, varios sindicatos extremeños se han movilizado este martes para exigir al Ministerio de Sanidad una negociación real del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. Denuncian que el proceso ha sido paralizado y que no se han tenido en cuenta las aportaciones que llevan trasladando desde hace tres años.
Las organizaciones sindicales reclaman que las reivindicaciones se recojan en la ley y no queden en manos de las comunidades autónomas, lo que, según advierten, podría generar desigualdades en los derechos laborales del personal sanitario.
Durante la concentración frente al hospital, los sindicatos criticaron que el Ministerio haya interrumpido el diálogo y que no se hayan incorporado las propuestas tanto de las comunidades autónomas como de las organizaciones sindicales.
Algunas reivindicaciones:
- Reconocimiento retributivo de la nueva clasificación profesional
- Derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial
- Generalización de la jornada de 35 horas semanales
- Mejoras organizativas de la jornada ordinaria y complementaria
Los sindicatos advierten que seguirán movilizándose si no se retoma el diálogo y se garantiza una negociación que refleje las necesidades reales del personal sanitario en todo el país.
Gonzalo Gallego, representante de SATSE, ha recordado que “el Estatuto Marco es la norma básica que regula a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud”, subrayando la importancia de que se aborde con seriedad y consenso.
Desde UGT, Felipe Bachiller ha expresado su preocupación por la actitud del Ministerio: “Todos creemos que esta negociación se quiere acabar precipitadamente”, lo que, a su juicio, pone en riesgo los derechos laborales del personal sanitario. Rosa María Rodríguez, de CCOO, ha insistido en que “el Estatuto Marco debe abarcar, afectar y reconocer los derechos laborales de todas las categorías profesionales”, reclamando una legislación inclusiva y equitativa.
Por su parte, Emilia Montero, de CSIF, ha defendido que “la ley debe aplicarse a todas las comunidades autónomas, y por eso las 35 horas tienen que estar recogidas por ley, porque así no se podrán eliminar”.
