Medio centenar de tractores y unas cien personas de quince localidades de las Vegas Altas, han reclamado en Miajadas (Cáceres) un "precio justo" para el tomate y se han mostrado "inflexibles" ante la propuesta del Grupo Conesa de abonar 75 euros por tonelada. Un precio "ilegal", según los manifestantes, por situarse por debajo del coste de producción, que elevan a 90 euros.
Convocados por La Unión de Extremadura, los vehículos han partido pasadas las once de la mañana del polígono Primero de Mayo para concluir con una concentración a las puertas de la factoría que el grupo industrial Conesa tiene en este municipio cacereño.
"No vamos a permitir que se contrate ni un solo kilogramo de tomate por debajo de los 90 euros por tonelada porque es ilegal".
Una propuesta que han realizado en plena negociación de los contratos de tomate para industria, un cultivo que ocupó 22.907 hectáreas en 2019 en Extremadura -el 92 % del tomate industrial de España- y que permitió recolectar 2,2 millones de toneladas.
El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha reiterado que no van a permitir "que se contrate ni un solo kilogramo de tomate por debajo de los 90 euros por tonelada", entre otros motivos, porque es "ilegal".
La industria les propone 75 euros
Según ha explicado, Conesa les ha planteado un precio de 75 euros con el que no se cubren los costes de producción y, por tanto, se incumple lo establecido en este sentido por la Ley de la Cadena Alimentaria.
Ha destacado la "unión" de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) en esta reivindicación, "pues este año sí que hay en los agricultores el ánimo de que se hace tomate a ese precio o no se hace", teniendo en cuenta además que el precio de los cereales y el arroz está "muy alto".
Inflexibles en la negociación
Por ello, Cortés se ha mostrado "inflexible" en una negociación que terminará en los próximos días, dado que los contratos de tomate para industria tienen que ser registrados administrativamente antes del próximo día 19 de febrero.
A la protesta han asistido diputados del grupo parlamentario de Unidas por Extremadura en la Asamblea, entre ellas su portavoz, Irene de Miguel, para quien es “indispensable” que haya unos precios justos en el campo y que los costes de producción se tengan en cuenta en el precio final que se le paga al productor. A su juicio es “la única manera de asegurar la rentabilidad y que haya un relevo generacional en la agricultura extremeña”.
Ha indicado además que su partido están trabajando a nivel estatal con enmiendas que va a presentar a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se tramita en el Congreso, para garantizar una norma "eficaz y justa".
Por su parte, el coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha expresado también su respaldo a la movilización al entender que el trabajo de los agricultores es fundamental para la economía de la comunidad autónoma.
Luis Cortés, La Unión : "Pedimos que nos paguen al menos 90 euros por tonelada de tomate, que es el precio justo"
