Alrededor de 200.000 personas en Extremadura, esto es, uno de cada cinco extremeños, sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones, según advierte el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la región (Einfoessa 2024).
"Vivimos un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso y una exclusión social que persiste en la región", ha lamentado este viernes la integrante del Comité Técnico de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española Marina Sánchez-Sierra durante la presentación del referido documento en rueda de prensa en Mérida.
En la misma ha estado el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien citando al Papa León XIV ha anotado que, actualmente, se percibe un aumento de las distintas manifestaciones de pobreza, traduciéndose ello en "múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades, también en contextos generalmente acomodados".
A renglón seguido, Rodríguez Carballo ha abogado por una "fraternidad universal" donde "nadie sobra y todos son necesarios", frente a una "cultura del descarte" por cuenta de la cual se ven especialmente afectados "los más pobres".
Por su parte, el director de Cáritas Regional de Extremadura, José Luis Espinosa, ha alertado de que se está construyendo una "sociedad desigual" en la que la exclusión social "se consolida" como un "elemento estructural" con "graves brechas sociales" entre las cuales vivienda y empleo se erigen como "ejes articuladores de los procesos exclusión".
Definiendo a la vivienda como la "dimensión de exclusión más extendida", Sánchez-Sierra ha explicado que el 22 por ciento de los extremeños se ven afectados por problemas relacionados con ella, así como que una de cada diez convive con "inseguridad residencial" o "problemas de habitabilidad".
"Acceder a una vivienda y poder mantenerla se ha convertido en una de las principales fuentes de inseguridad vital para miles de hogares", ha remarcado la integrante del comité técnico de Foessa, agregando que, "ahora más que nunca" la vivienda es "un derecho fake".
En este sentido, el informe pone de manifiesto que entre 2018 y 2024 el precio de compra de la vivienda aumentó un 20 por ciento en la región, encarecimiento que hace que 340.000 hogares de Extremadura "destinen tantos recursos al pago de la vivienda y suministros" que, una vez abonados, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.
No obstante, la presión es "doble" en el caso del alquiler, ya que, agrega el documento, "el 37 por ciento de las personas de Extremadura que viven en este régimen se encuentran en riesgo de pobreza".
Pese a que el empleo, a ojos del informe, "ha mejorado" al aumentar el número de personas ocupadas y verse reducida la temporalidad, la Einfoessa 2024 desvela la "paradoja" de que esas mejoras "no están llegando" a todo el mundo.
"Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja", ha apuntado Sánchez-Sierra, tras precisar que el 17 por ciento de los hogares de la comunidad autónoma se ven afectados por problemas de exclusión en el empleo.
Como matiz importante, en la presentación se ha insistido en el hecho de que "una parte muy relevante del crecimiento del empleo en Extremadura se apoya en la población migrante", siendo esta, asegura Sánchez-Sierra, un "pilar clave" del funcionamiento del mercado de trabajo de la región y de su crecimiento económico.
En este punto, la integrante del equipo de estudios de Cáritas Española ha hecho especial hincapié en que "el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión social" y la idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones "es falsa".
"No fallan las personas, falla el sistema", ha reiterado Sánchez-Sierra, para aseverar que "el problema no es la falta de iniciativa" sino un sistema que exige activación sin ofrecer apoyos suficientes, con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas.
Salud, pobreza y brecha generacional
Otro de los ejes del informe ha sido la salud. El documento advierte que el 10 por ciento de los hogares tienen dificultades para acceder a los servicios o productos sanitarios que necesitan, viéndose "obligados a dejar tratamientos o dietas" al "no poder asumir" los costes.
"La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social en Extremadura", ha expuesto Sánchez-Sierra, para añadir que "desde 2018 se ha triplicado el número de hogares en los que alguien pasa hambre".
Como dato alentador, el informe destaca que, desde 2021, las tasas de riesgo de pobreza en Extremadura han bajado del 32,3% al 27,5%, aunque siguen por encima de la media nacional (19,7%).
El informe también destaca que la exclusión "golpea con fuerza" a los menores de edad, con una tasa del 30 por ciento, que triplica la de las personas mayores de 65 años, y que sube al 34 por ciento en hogares con dos o más menores, frente al 15 por ciento de los hogares formados solo por adultos.
Finalmente, Sánchez-Sierra ha abogado por ampliar el parque público de alquiler social, frenar subidas abusivas, reforzar la progresividad fiscal y mejorar la protección social "cuando el empleo no llega", ya que existen casos de personas que, aun estando empleadas, "no es suficiente".
