El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha reclamado la dimisión del vocal de la Denominación de Origen Cava Juan Antonio Álvarez-Lázaro, representante de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo-ASAJA, al considerar que ha “traicionado los intereses de sus representados” tras abstenerse en una votación clave para impedir nuevas plantaciones de viñedo destinadas a la producción de cava.
En una rueda de prensa celebrada en Mérida, Cortés ha recordado que la DO Cava cuenta con unas 38.000 hectáreas de viñedo, de las que casi el 95 % se concentran en Cataluña, mientras que en Almendralejo existen alrededor de 1.700 hectáreas, con una producción estimada de ocho millones de botellas elaboradas en las cinco bodegas inscritas en la denominación.
La organización agraria ha subrayado el crecimiento sostenido del cava extremeño, cuya comercialización ha pasado de 6.000 botellas en 1983 a los ocho millones actuales, un “auge” que, según Cortés, contrasta con la pérdida de mercado en otras zonas productoras.
Prohibición de nuevas plantaciones
La Unión considera que en los últimos años se ha intentado frenar la expansión del cava extremeño mediante la prohibición de nuevas plantaciones de viñedo. Al respecto, recuerda que el Ministerio de Agricultura, competente en esta materia, viene publicando desde 2018 restricciones a las nuevas plantaciones basándose en las propuestas del Consejo Regulador de la DO Cava, integrado mayoritariamente por representantes de Cataluña hasta hace tres años.
Desde entonces, el Consejo Regulador cuenta con un vocal en representación de los productores de Requena y otro de Almendralejo. Según ha señalado Cortés, hace dos años el representante de Requena votó junto a los vocales catalanes para impedir nuevas plantaciones, y recientemente el vocal de Almendralejo se ha abstenido, permitiendo que no exista ningún voto en contra de esta limitación “pese a que el mercado demanda más producción”.
La organización recuerda además que tanto el Tribunal Supremo, a través de la sentencia 382/2019, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dieron la razón a Extremadura al considerar que si una comunidad tiene mayor capacidad de comercialización, no debe verse afectada por los problemas de otras zonas productoras.
