Ocho años de cárcel. Ésa es la petición que solicita la Fiscalía para el exalcalde de Trujillo Alberto Casero por presunta prevaricación y malversación. Además pide que indemnice al Ayuntamiento trujillano con 70 mil euros y que se le inhabilite durante dos décadas. Los hechos se habrían producido entre 2011 y 2019. El juicio contra Casero está señalado para el 28 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cáceres.
El Tribunal Supremo explica que Casero concertó con diferentes personas y entidades una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
Añade que esta normativa "establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato".
El juez le imputa el delito de prevaricación porque su actuación "no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico".
Al juzgado de Trujillo
En abril y tras la dimisión de Alberto Casero como diputado del PP, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) las actuaciones por delitos de prevaricación y malversación que instruyó.
El Supremo remite al Juzgado de Trujillo las actuaciones sobre Alberto Casero tras su renuncia como diputado
