El diputado del Partido Popular por Cáceres en el Congreso de los Diputados, Alberto Casero
La Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios no solo de un delito de prevaricación sino también de malversación de caudales públicos en la actuación del diputado del PP Alberto Casero cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), respecto de cinco contratos del Ayuntamiento que suman alrededor de 100.000 euros.
El Ministerio Público ha remitido un escrito al Supremo, adelantado por "El Español" y confirmado por Efe, en el que pide que abra causa contra Casero por los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos tras la exposición razonada que elevó al alto tribunal el Juzgado número 2 de Trujillo, en el que pedía que se le tomará declaración como investigado.
Esta investigación, iniciada en noviembre, se elevó al Supremo por su condición de aforado, al ser diputado en el Congreso, y al considerar "que podría existir indiciaria responsabilidad penal".
Será el TS el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza, que respalda la fiscalía del Supremo.
Entre esos contratos, el auto de la jueza hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año, suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros.
Contratos sin informar al ayuntamiento
Si bien, "el investigado no aportó al ayuntamiento el contrato ni se instruyó expediente de contratación", así como tampoco "consta que se realizaran efectivamente los servicios" a mujeres víctimas.
Otro de los contratos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales.
Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge el auto judicial.
La institución peruana presentó un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio por la "inactividad ante la reclamación económica de dos facturas por 30.250 euros", si bien "no fueron abonadas por reparos de la intervención", subraya el auto.
Este también hace referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye, que organiza la asociación Bon Vivant, y que antes celebraba en la capital cacereña y, actualmente, en Plasencia, por 42.000 euros, sin "procedimiento administrativo alguno de contratación".
Otro contrato hace alusión a la empresa Ícaro Consultores para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. Se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes.
Por último, Casero suscribió con la empresa Radio Interior S. L. un contrato de servicios de comunicación y promoción de la citada feria, "debiendo ser licitado en procedimiento abierto".
