El pleno celebrado este jueves en la Asamblea ha girado, en buena parte, sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se ordena el derribo del complejo turístico Isla de Valdecañas.
Desde la Junta, su vicepresidenta Pilar Blanco-Morales ha asegurado que seguirán alegando el interés general del proyecto en su recurso de amparo ante el Constitucional y ha asegurado, ante las críticas de toda la oposición, que el ejecutivo regional no bajará los brazos.
La vicepresidenta ha insistido en que la Junta recurrirá la orden de derribo de las viviendas y hotel del complejo. "Tendrá que explicar porque se ha de ocasionar un daño medioambiental mayor al que se quiere proteger", ha añadido.
Desde la oposición Unidas por Extremadura ha criticado duramente la actuación de la Junta, cuando permitió la construcción del complejo, siendo una zona ZEPA. Irene de Miguel ha afeado que "nadie de este gobierno se va a dar el lujo de reconocer que no estuvo bien, que los pelotazos urbaniscos son un modelo caduco, del pasado".
Por su parte, Ciudadanos mantiene su postura de mantener en pie el complejo. Pide a la Junta, eso sí, que reconozca que lo hicieron mal. Y, además, carga contra Unidas por Extremadura. "Quiero más Valdecañas, porque aquello da dinero y si vienen los ricachones, qué pasa, que vengan muchos ricachones a Extremadura, que vengan muchos a comer, al turismo..", ha defendido David Salazar.
En la misma línea se ha mostrado el Partido Popular. Su portavoz, Bibiano Serrano, ha señalado a los responsables políticos socialistas como los responsables de esta situación. "Hay responsables políticos, que son los gobiernos socialistas desde 1999 hasta 2011 que son los que crearon los espacios protegidos en Extremadura, esos son los verdaderos responsables del desastre medioambiental que tenemos en Extremadura", ha añadido.
La Junta tiene hasta el 15 de marzo para recurrir al Constitucional.
