El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 30.500 plazas de empleo público. A las 23.455 de la Administración General del Estado hay que añadir otras 7.000 de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. De esas 23.455 plazas de la Administración General, 12.932 son de libre acceso y el resto de promoción interna.
Con esta nueva oferta, la mayor de la historia, el ejecutivo de Pedro Sánchez pretende reducir la temporalidad de los trabajadores públicos. Un requisito exigido por Bruselas para que España pueda percibir los Fondos Europeos de Reconstrucción.
Por su parte, los sindicatos consideran insuficiente el número de plazas y afean al Gobierno que no les haya consultado en el diseño de esta oferta.
Desde CSIF Extremadura sostienen que en la última década los recortes han reducido un 22 % las plantillas y piden planificación y más medios.
Para UGT tendrían que agilizarse las pruebas selectivas y recuperar la tasa de reposición perdida en los últimos años por fallecimientos y jubilaciones.
CCOO defiende que la oferta tendría que haber sido más ambiciosa en aquellos ámbitos con una situación de colapso más preocupante, y en los que, según el sindicato, peligra la atención directa a la ciudadanía: SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Protección Internacional, Instituciones Penitenciarias, Policía o MUFACE, entre otras.
