Trabajadores temporales del sector público se han manifestado en coches en Badajoz, para pedir el fin de la abuso de la temporalidad en las administraciones. Convocados por la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley han realizado una protesta en caravana para reclamar que se regularice su situación laboral.
Los vehículos adornados con globos amarillos y negros y carteles reivindicativos, han hecho sonar sus bocinas, por toda la ciudad. La manifestación ha partido a las 12:00 horas desde el barrio de Valdepasillas y ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno donde han leído un manifiesto. Esta protesta, ha sido convocada a nivel estatal, y se ha repetido en 30 ciudades de toda España.
20 años de incumplimiento
La mayoría de los manifestantes en la capital pacense, eran trabajadores del SEXPE. Reclaman que se les haga fijos, después de trabajar durante años como temporales, en "fraude de ley". Algunos suman 20 años, señalan desde la Asociación de Profesionales No Fijos del SEXPE (APROFINS), por ello piden que se ponga fin a esta situación. Instan a los gobiernos autonómicos y a las Administraciones locales a "hacer cumplir la Directiva Europea 1999/70/CE que protege al personal interino ante los abusos reiterados de contratación temporal". Y que establece que los trabajadores que lleven más de 3 años consecutivos en sus puestos, deben convertirse en fijos.
60 mil trabajadores en la región
Esta situación, según los manifestantes afecta a unos 60.000 trabajadores y trabajadoras en la región. 800.000 a nivel estatal, que afectan a todas las administraciones: administración publica, educación, sanidad, justicia, servicios sociales, SEPAD, administraciones locales, regionales...
Defienden que es de justicia, que les hagan fijos, ya que ellos han superado un proceso selectivo, de igualdad, mérito y capacidad y llevan años con una situación irregular. Reclaman una inspección para declarar inmediatamente el abuso de la temporalidad de todos los afectados, así como la exclusión de sus plazas de cualquier proceso selectivo, manteniéndolas paralizadas hasta haber determinado una solución acorde a derecho comunitario.
Piden una reunión con carácter de urgencia una reunión con el Ministro de Política Territorial y Función Pública para ofrecerles soluciones. No son plazas, aseguran, son personas, y añaden que si no les escuchan no tendrán más remedio que llevar a cabo otras acciones, como ir a la huelga, interponer demandas masivas, e impugnar todos los procesos selectivos.
