11 Enero 2024, 16:59
Actualizado 11 Enero 2024, 16:59

En la Audiencia Provincial de Cáceres, visto para sentencia el juicio a un hombre acusado de un delito de lesiones dolosas, para el que Fiscalía y Acusación Particular piden una pena de 9 a 10 años de prisión e indemnizaciones de 244.000 a más de un millón de euros.

La víctima, de 55 años, sufrió lesiones que le provocaron un trastorno cognitivo y daños neuropsicológicos muy graves y está postrado en una silla de ruedas. El acusado ha insistido, tanto en su declaración como al finalizar el juicio, ante el juez, que lamentaba las condiciones en las que se encuentra la víctima, pero que él no le tocó.

Su defensa se ha basado en que ningún testigo ha podido afirmar que le vio agrediéndole, y tampoco los informes forenses han podido confirmar que las agresiones que sufre la víctima se corresponden con algo que no fuera una caída fortuita, por lo que ha pedido su libre absolución.

Fiscalía y acusación particular, sin embargo, consideran que ha existido delito de lesiones dolosas y han puesto de manifiesto las contradicciones del acusado en sus distintas declaraciones, en alguna de las cuales reconoció que le había empujado, o aseguró que no había estado en el bar, cuando allí lo vieron muchos testigos, lo que demuestra, según la Fiscalía, que el acusado ha mentido.

Los hechos se produjeron el 5 de diciembre de 2021, en las escaleras de acceso a un bar, en la barriada cacereña de Aldea Moret. La víctima, que había dejado el móvil sobre la barra, creía que se lo había robado el acusado y salió del bar para reclamárselo. Según uno de los testigos, hubo un forcejeo entre ambos, y  en ese momento la víctima pudo recibir un puñetazo y caer, o caer al intentar esquivarlo. En ambas acciones, según la acusación, existe dolo. Las lesiones le obligaron a estar en coma más de 20 días.

La Fiscalía pide una sentencia condenatoria de 9 años de prisión y 244.000 euros de indemnización y la acusación particular 10 años y más de un millón de euros. En ambos casos se pide, además, que el acusado no pueda acercarse a la víctima en 20 años.