Los hechos ocurrieron en 2020. Según recoge el escrito de la Fiscalía, el principal de los acusados compraba los coches por internet con una identidad falsa y a cargo de una empresa que no operaba desde 2003. Para que la operación fuese más real, emitía un justificante suplantando la identidad de la entidad bancaria, pero nunca llegaba a efectuar ese pago. Y, además, amenazaba a las víctimas para que no denunciasen.
El segundo de los acusados era quien se encargaba de recoger los vehículos en las diferentes ciudades de donde procedían los compradores, como Bilbao, Segovia, Santander, Palma de Mallorca, Viveda (Cantabria) y Ávila.
Una vez que tenían esos vehículos de manera ilícita, se los vendían a concesionarios y particulares. Ambos están acusados de varios delitos de estafa continuada y de falsedad documental.
Para el principal de los acusados, el ministerio fiscal solicita más de 17 años de cárcel. Para su compañero, la pena solicitada asciende a los 6 años de prisión.