19 Noviembre 2020, 16:26
Actualizado 19 Noviembre 2020, 21:37

El proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ha salido adelante esta tarde en el Congreso de los Diputados. La conocida como ley Celaá pasa así su primer trámite gracias a los votos favorables de Más País, PNV, ERC, Unidas Podemos y PSOE.

En el debate del proyecto esta mañana en la Cámara baja han quedado sin embargo patentes las posturas enfrentadas entre el centro-derecha de una parte y del bloque de la izquierda y los independentistas por otra. Con gritos de libertad, aplausos y golpes en las bancadas incluidos.

En la tribuna, los republicanos de Esquerra han destacado de la reforma el protagonismo que concede al catalán como lengua vehicular en su territorio, mientras que el PNV ha valorado el reconocimiento a la enseñanza concertada. También de la escuela pública, que según Unidas Podemos será el eje vertebrador del nuevo sistema educativo. Los socialistas han insistido en que la ley Celaá no excluye al castellano ni suprime la educación especial.

En este sentido, la ministra de Educación ha querido resaltar fuera del hemiciclo que el nuevo texto es bienvenido y modernizador, y que "sitúa la equidad en el centro del sistema", ha añadido Isabel Celaá.

Por su parte, tanto Partido Popular como VOX y Ciudadanos se han mostrado opuestos a esta reforma educativa. Ellos sí ven en la LOMLOE un ataque al castellano, a la enseñanza concertada y especial, y un instrumento profundamente ideologizado, que, según aseguran, silencia a los padres y resta autoridad a los profesores.

Reacción de la comunidad educativa y la ciudadanía

La ley Celaá también está generando debate y controversia más allá del Congreso. Para la asociación Plena Inclusión Extremadura, la nueva norma debe garantizar que los centros de educación especial sigan coexistiendo con los de la enseñanza ordinaria, que según recoge la reforma deberán estar preparados en 10 años para atender a los alumnos con discapacidad.

Los sindicatos en la región centran su postura en que el castellano sea obligatorio como lengua vehicular en todo el Estado, independientemente del territorio en el que se estudie. Además, consideran que la ley Celaá debería aportar más recursos para combatir el abandono y fracaso escolar.

Críticas también desde la enseñanza concertada. Profesores, madres y padres creen que la reforma educativa menoscaba su libertad de elección de centro y relega a un segundo plano asignaturas como la religión.

La nueva norma está encontrando además una importante contestación en la calle, con más de un millón y medio de firmas en contra, firmas que ya han sido registradas en el Congreso de los Diputados. Asimismo, la plataforma 'Más plurales' ha organizado para este domingo en todo el país decenas de manifestaciones para pedir la paralización de la ley Celaá. Badajoz y Cáceres serán dos de los puntos que acogerán estas protestas.
 

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