"Apoderarse de la totalidad de las subvenciones comunitarias por asesoramiento de manera rápida, eficaz y minimizando los costes económicos". Era el objetivo final de UPA-UCE y el motivo por el que creó un sistema financiero ilegal que ahora ha llevado a sus líderes al banquillo. Esa es la postura que sostiene la acusación de la Fiscalía en el caso que investiga a la organización agraria.
El Ministerio público ha solicitado penas de hasta 16 años de cárcel para los máximos dirigentes de la organización agraria, Ignacio Huertas y Maxi Alcón, para los que se pide además multas de 33 millones de euros por poner en marcha un entramado ilegal de subvenciones que tenían como objetivo una financiación irregular.
Es el punto sobre el que pivota la 'Operación Tellus', el proceso judicial abierto contra dirigentes de organización agraria UPA-UCE por fraude en la tramitación de ayudas de la Junta al asesoramiento por valor de 4.300.000 de euros entre 2010 y 2015.
En noviembre de 2016, dirigentes de UPA-UCE fueron enviados a prisión provisional hasta febrero del año siguiente. Según la acusación, habrían cometido delitos contra la hacienda pública, de falsedad documental, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal por la gestión indebida de dichas ayudas, encaminadas a fomentar el asesoramiento agrario.
La Fiscalía solicita además 10 años de cárcel para Miguel Leal, José Cruz y María Antonia Alcalá, que forman parte de la ejecutiva de la organización; 9 y medio para el técnico Gervasio Martínez; y 6 años para el contable Juan Miguel Apolo, que "hacía en la práctica las funciones de contable de la organización sindical, sin que llegase a pertenecer nunca a su estructura interna" pero cuya declaración desveló la existencia de la trama. Por ello se le aplican los atenuantes de confesión y reparación del daño.
Se pide además una multa de más de 8 millones y medio a UPA-UCE por delito continuado contra la hacienda pública, y que se suspendan sus actividades durante 5 años. Por fraude de subvenciones, la Fiscalía solicita un sanción de casi 2 millones y medio, y que indemnicen al Gobierno autonómico por el mismo importe que sumaban las ayudas indebidamente tramitadas, que contemplaban una subvención de hasta 1.500 euros por beneficiario. Se les asesoraba para que las explotaciones cumplieran la normativa europea de salud pública, salud animal y vegetal, buenas prácticas medioambientales y optimizar recursos hídricos.
El escrito de acusación indica que Apolo planteó a Huertas y Alcón varias alternativas "escogiendo estos el que más adelante se va a detallar, a pesar de las claras advertencias de Juan Miguel sobre su ilegalidad". Al final se optó por un sistema de préstamos, sin coste para los agricultores, que después tenían que devolver en parte al percibir la ayuda. Un sistema que "conllevaba un acceso inmediato de UPA-UCE Extremadura a los fondos comunitarios sin coste económico alguno y sin complejas tramitaciones burocráticas complementarias".
Carrusel de entrada y de salida
El sistema, según la Fiscalía, se apoyaba en un complejo entrado de "carruseles financieros" de entrada y salida. Primero se anticipaban cantidades a los agricultores y ganaderos para que en ningún momento tuviesen que asumir gasto alguno. Para ello, UPA-UCE y Juan Miguel Apolo acuerdan la creación de una sociedad interpuesta, SIEX. A partir de ahí, la organización agraria transfería los fondos a SIEX, SIEX a los agricultores y, en apenas dos días, los fondos volvían de nuevo a UPA-UCE en concepto de "pago por asesoramiento". Ese primer círculo no era el final, sino que continuaba con idénticos carruseles a nuevas partidas de agricultores y ganaderos, aunque cada vez con cantidades menores para garantizar la disponibilidad de fondos.
El movimiento de fondos ficticio sólo tenía un sentido, según el escrito de acusación: la transferencia inicial como adelanto de asesoramiento era de un 30-40% de la cantidad final que se preveía recibir por las subvenciones europeas para asesoramiento agrario. Por eso, cuando finalmente las subvenciones totales llegaban a la cuenta de los agricultores y ganaderos, el "carrusel financiero" giraba en sentido contrario: de la cuenta de los agricultores a la de SIEX, esta vez en concepto de 'cobro de recibos de amortización de préstamos por asesoramiento' y de la de SIEX a la de UPA-UCE, "quien lo destinaba de manera indistinta, bien a satisfacer necesidades ordinarias del sindicato, bien a transferencias a la rama nacional de la organización sindical o bien a destinarlo al “carrusel” para realizar más anticipos".
El objetivo quedaba entonces cumplido, según el Ministerio Fiscal: "apoderarse de la totalidad de las subvenciones destinadas a los agricultores y ganaderos sin coste económico alguno, de manera rápida y efectiva".
"Implorar a los agricultores y ganaderos"
Para ello, se precisaba de órdenes estrictas y perfectamente planificadas que exigían la colaboración de los agricultores a través de las oficinas comarcales de UPA-UCE. El documento explica que la mayoría de esos agricultores y ganaderos no consideraban necesario el asesoramiento o no les compensaba pagar por él. Por ello, a los técnicos "solo les quedaba implorar a los afiliados, apelándoles que de la obtención de estas subvenciones dependía la viabilidad misma de la organización, con el peligro consiguiente de no poder seguir ayudándoles, todo ello para lograr definitivamente el perseguido consentimiento de los mismos".
Una vez persuadido, el agricultor o ganadero firmaba "no solo la solicitud de prestación de asesoramiento junto con la administrativa de la ayuda, sino también y como mínimo, una autorización para pedir un préstamo a SIEX y otra de adeudo a UPA-UCE Extremadura, facilitando al efecto un número de cuenta bancaria en la que se realizarían estas operaciones".
Con ese sistema, se detalla en el escrito, UPA-UCE consiguió ingresar hasta 4.300.000 euros en subvenciones por asesoramientos que no prestaron debidamente. Un dinero que se destinaba después a "abonar nóminas, pagos de kilometrajes a miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, cubrir descubiertos de otras cuentas, satisfacer alquileres y, en general, cualquier gasto ordinario en el funcionamiento de un sindicato agrario que, con unos 70 trabajadores contratados, podría tener un coste mensual en salarios de unos 150.000 €".
Así se eludían los controles
UPA-UCE Extremadura justificó así el cumplimiento de los requisitos exigidos de hasta 4.342 subvenciones de ayudas a los honorarios por asesoramiento agrario entre los años 2010 a 2015, en base a documentos de pago y cobros que la Fiscalía considera ficticios, realizados con un dinero también inexistente. Pero ni los controles internos ni los controles externos podían detectar el fraude.
Los controles externos eran responsabilidad del Servicio de Formación del Medio Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura. Pero el organismo, analiza el ministerio público, no contaba con una plantilla mínimamente suficiente ni siquiera para cumplir el objetivo de supervisar al menos el 4% de las subvenciones concedidas, ya que además tenían que atender al control del resto de subvenciones y ayudas FEADER, a la PAC o cualquier otra de origen europeo. Y en las escasas ocasiones en que podían comprobar las ayudas al asesoramiento sobre el terreno, UPA-UCE se encargaba de que los agricultores no estuvieran presentes y delegasen esa representación en técnicos de la organización agraria.
En cuanto a los controles internos, la Comisión Ejecutiva Regional se encargaba de anular en la práctica cualquier control por parte del Comité de Seguimiento Económico, reduciendo, por ejemplo, su participación a una reunión anual de unas dos horas de duración.
