La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Griñán, 6 años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación
El expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a seis años y dos días de cárcel por un delito de malversación cometido en el caso ERE y a quince años y dos días de inhabilitación absoluta por otro delito de prevaricación.
Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia facilitado a la prensa.
El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade el juez.
En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero, se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa 31L para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, recoge el magistrado.
Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado "otros gastos de explotación", para equilibrar las cuentas.
"Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", razona el ponente de la sentencia.
Chaves, "plenamente consciente de la ilegalidad"
La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente de la Junta Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE al considerar que era "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los hechos juzgados, "en los que participó".
En el resumen de la sentencia facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Efe, la Sección Primera recuerda que Chaves presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000".
"La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", razona la sentencia. "Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta", destaca la resolución del ponente, Juan Antonio Calle Peña.
El magistrado también recuerda que el Gobierno "cambió totalmente el modo de proceder tras los problemas sufridos" en varios expedientes de ayuda, como Iamasa, Hamsa, y a partir del 18 de abril de 2000 se pasó de la tramitación de expedientes de subvenciones excepcionales a la transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
Para la Sala, "este cambio no era un cambio menor del tipo de expediente, sino que suponía un cambio en la presupuestación", por lo que "resulta impensable que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo".
El responsable de esa consejería, además, "tenía que contar con el beneplácito de la consejera de Economía y Hacienda", pero "la trascendencia" del cambio "hace también impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente" por ella, sino que más bien al contrario "exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta".
"Al traspasarse los fondos desde la Consejería de Empleo al IFA", además, el cambio suponía que "se iba a omitir la fiscalización previa de las ayudas".
Esa modificación fue "consentida por el presidente de la Junta" y "se plasmó por primera vez" cuando el Consejo de Gobierno aprobó la modificación presupuestaria de 18 de abril de 2000 "que supuso la sustitución indebida e ilícita de las partidas presupuestarias 47 y 48 por la 440", la transferencia de financiación al IFA.
TEXTO E IMAGEN: EFE
