21 Marzo 2022, 20:26
Actualizado 21 Marzo 2022, 20:45

La delegada del Gobierno anunciaba el viernes que se actuaría "con la contundencia que les permite la ley" contra aquellos transportistas que, "de forma violenta, con coacciones y actitudes poco democráticas", tratan de paralizar la actividad económica, la distribución de productos esenciales y sembrar "terror" en el trabajo de los ciudadanos. Hoy, decenas de participantes en las movilizaciones del sector ya han recibido las primeras multas.

En concreto, sanciones de 3.000 euros por "provocar incidentes (...) causando desórdenes, obstaculizando la vía y dificultando y tratando de impedir la normal distribución de productos y mercancías poniendo en peligro la circulación y el tráfico rodado y, en consecuencia, ocasionando una grave alteración de la seguridad ciudadana con peligro para los conductores afectados por dichos incidentes".

Los transportistas afectados consideran la cantidad "absolutamente desorbitada" y aseguran además que eso no ocurrió "en ningún momento". Varios de ellos alegarán con sus tacógrafos que se encontraban detenidos en el momento de la sanción.

Además, denuncian que un trámite de sanción que normalmente se alarga durante seis o siete meses se haya acelerado a dos o tres días o incluso en 24 horas "con la Guardia Civil entregándonoslas certificadas y en la puerta de nuestras casas". "Tienen órdenes de arriba para que nos disolvamos cuanto antes, pero lo llevan claro", asegura Rubén Díaz, uno de los sancionados por la 'marcha lenta' del viernes en Mérida y miembro de la Plataforma convocante.

"A mi me ha venido esta mañana, me ha llamado mi mujer diciendo que había venido la Policía a mi casa"

En Mérida, asegura Díaz, las multas han llegado ya a la mitad de los participantes. También en Plasencia confirman la llegada de esas multas por los incidentes en el área de servicio 'El Caldero', de la Autovía A-66. "Era gente que solo estaba en la carretera informando, algunos en puntos diferentes a los que vienen en la denuncia", asegura David Quijada, otro socio de la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera. "A mi me ha venido esta mañana, me ha llamado mi mujer diciendo que había venido la Policía a mi casa", asegura otro de los transportista movilizado este mediodía en Plasencia.

La Delegación del Gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de 1.022 agentes en Extremadura (270 de la Policía Nacional y 752 de la Guardia Civil) "para garantizar la entrega de suministros y evitar la acción ilegal de los piquetes".

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