La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó a la opinión pública sobre si se estaba de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna fue en 2011. Entones , el 77,5% de los entrevistados dijeron que sí y se manifestaron en contra el 9,8% .
Hoy, al iniciarse por tercera vez el trámite parlamentario de la Ley que podría despenalizar la eutanasia en España y el suicidio asistido, los argumentos a favor y en contra vuelven a tener especial peso.
En la actualidad, el suicidio no está penalizado en España. Sí lo está inducir a ello o cooperar con alguien para que pueda hacerlo. De hecho en la actualidad, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 2 y 10 años en esos casos. Penas que rebaja si se actúa ante la peticion de una persona con una enfermedad grave.
Este es uno de los aspectos que cambiaría con la nueva regulación. Lo venían pidiendo desde hace años desde colectivos como "Derecho a Morir Dignamente" al que pertenece Ferando de las Heras, que defiende que la eutanasia "es un derecho fundamental del individuo, que es soberano para decidir sobre su propia vida".
Pero no lo valoran del mismo modo los miembros de otros colectivos como la Asociación Provida. Su presidenta, Alicia Torre, rebate que "por mucho que le den un nombre bonito y lo legitimen, no van a cambiar el hecho de que es quitarle la vida a una persona, y al mismo tiempo se está impidiendo que se solucione la mala atención a personas que se están muriendo".
De aprobarse esta ley, España sería el cuarto país europeo y el sexto del mundo en despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
TEXTO: Ana Gragera
IMAGEN: Canal Extremadura
