El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de 10,5 millones de euros a Extremadura para la protección de las familias y la atención a la pobreza infantil.
La inversión total propuesta por el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy para transferir a comunidades y ciudades autónomas es de 198,7 millones de euros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural. Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza. Asimismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa; a financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otro de los objetivos es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias.
El Ministerio de Derechos Sociales pone el ejemplo del programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares. Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares. Igualmente, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Por otro lado, 108,7 millones de euros se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.
La propuesta de reparto de esta inversión ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo próximamente, después de haber conseguido el primer visto bueno este martes, según ha indicado Derechos Sociales
