25 Mayo 2022, 18:21
Actualizado 25 Mayo 2022, 18:40

Extremadura ha pedido en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que haya consenso a la hora de aprobar un acuerdo estatal para acreditar a las residencias. Un consenso que, de momento, parece lejano.

El documento propuesto por el departamento de Ione Belarra había sido debatido en la Mesa de Diálogo Social y consultado con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, aunque tiene que recibir el apoyo de las comunidades, con la competencia de las políticas sociales.

La mayoría de comunidades, en contra

A la vista de las intervenciones en las que algunos gobiernos autonómicos pedían más tiempo para seguir debatiendo el documento, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha decidido posponer la votación prevista, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a lo largo del mes de junio, explican a Efe fuentes de Derechos Sociales.

Según fuentes autonómicas, comunidades gobernadas por el PP Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia han expresado su oposición a la reforma de Belarra, pero también lo han hecho Cataluña y País Vasco, y dos de las gobernadas por los socialistas Extremadura y Castilla-La Mancha.

Tan solo han manifestado su apoyo el resto de las comunidades socialistas, explican a Efe las mismas fuentes.

Propuesta del nuevo modelo

El nuevo modelo de acreditación de centros y residencias reduce las plazas para hacerlos lugares más parecidos a los hogares y con un trato personalizado. También establece mayor número de trabajadores en función del número de residentes, así como las condiciones laborales y de titulación de los profesionales.

Las residencias que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. Las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120 plazas en las ciudades.

La financiación del nuevo modelo, a través de los 483 millones de euros del nivel acordado que el Estado entrega a las autonomías, también había suscitado dudas en varias comunidades.

Protesta de las empresas de dependencia

Una reforma que afectaría a los centros actuales, a los que se daría unos años de adaptación, por lo que organizaciones como AESTE, ASADE CEAP Y FED muestran su rechazo. El presidente de la Federación empresarial de la dependencia, Ignacio Fernández Cid, estima que desaparecerán 72.500 plazas en España y las que hay costarán más: "Si los mismos costes y gastos tienes que imputárselos a menos residentes, el precio sube; y si además suben los requerimientos, pues el precio sube aún más", explica.

La patronal critica que esta reforma no vaya acompañada de una memoria económica que analice el coste para las residencias. "A un centro que se construyó legalmente para 200 plazas no puedes cambiarle las reglas de juego, porque, ¿qué haces con esa inversión?", se pregunta.

Consideran los empresarios que el acuerdo genera inseguridad jurídica en el sector privado de la dependencia. 
 

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