El informe emitido por el Consejo de Estado para la interposición de este recurso llega tras la falta de acuerdo entre gobierno y la comunidad autónoma de Extremadura en la comisión bilateral. Se basa en que la riqueza minera es un bien nacional y no puede supeditarse a un territorio. Además apuntan que también choca con otros principios constitucionales como la unidad de mercado, o la libertad de empresa y competencia.
Tras analizar dicho informe, el Gobierno Central ha anunciado que recurrirá la norma al Constitucional. Considera que las minas son propiedad estatal, y no se puede blindar, como pretendía Extremadura, que el litio que se extraiga en la región se transforme y genere infraestructuras en la región.
El recurso no afectaría a los dos proyectos anunciados en Extremadura, tanto en Cáceres como en Cañaveral. No se verían perjudicados por este impasse jurídico. Ambos ya contaban con la creación de plantas para el tratamiento de este mineral en los propios yacimientos.
Un aspecto de la ley que no se va a recurrir es la posibilidad de que estos proyectos puedan ser declararlos de interés autonómico. Una declaración que implica una tramitación más ágil, acceso a subvencioes o la eliminación del requisito de obtener una licencia urbanística municipal.
