El nuevo pliego de licitación para el contrato de ambulancias que prepara la Junta de Extremadura recoge que se hará por el procedimiento de urgencia y tendrá una validez anual, prorrogable por el mismo tiempo hasta cuatro años.
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, así lo ha anunciado en su comparecencia en el pleno de la Asamblea para informar sobre esta cuestión, a petición del Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos.
Vergeles ha añadido que el nuevo contrato tendrá la misma estructura que en el anterior, así como el decreto ley de medidas urgentes para mejora de la calidad de la contratación pública, en cuestiones como el precio de los combustibles, lo que permitirá "afrontar lo convulso del sector" y las consecuencias de la crisis.
Por su parte, la portavoz del PP, Elena Nevado, ha anunciado que pedirán una comisión de investigación parlamentaria, que también apoyaría Ciudadanos, para saber los motivos por los que la Junta de Extremadura recurre de manera reiterada al contrato de emergencia para este servicio, que se adjudica "a dedo" a la misma empresa.
Sin embargo, el vicepresidente ha asegurado que todas las actuaciones "se han ajustado a la legalidad" por lo que no le preocupan las revisiones del procedimiento ni comisiones de investigación.
Respecto al nuevo pliego, del que solo ha esbozado algunas líneas generales, Vergeles ha detallado que, como en el anterior, queda excluido el centro coordinador, y se dividirá en dos lotes, uno por cada provincia.
"Nos iremos adaptando a la legalidad y siempre velando por los extremeños", ha remarcado el consejero, que ha recordado que la sentencia del Supremo, que ha derivado en la retirada del anterior pliego, solo afecta a una parte pequeña de los trabajadores "que podríamos no haber tenido en cuenta" en el nuevo pliego, pero no al convenio colectivo, que es una cosa que compete a la actual empresa que gestiona el servicio y a sus trabajadores.
Sin embargo, la portavoz del PP, Elena Nevado, ha lamentado "la opacidad" que rodea a este contrato, cuyo fracaso "va a costar caro" a los extremeños, y ha pedido explicaciones sobre por qué se ha elegido a esta empresa, constituida con un capital social de 5.000 euros, a la que se le da un contrato de 39 millones.
"Esto es privatización de la sanidad pública", ha dicho Nevado, que cree un "insulto" que haya que volver a elaborar un pliego "por la ineptitud en la gestión".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José María Casares, ha echado en falta un mayor consenso y ha cuestionado sobre las repercusiones que la sentencia del Supremo tendrá en el nuevo pliego, ya que se estima que sería necesario un aumento de plantilla del 40 por ciento y unos 9 millones de euros.
Para el portavoz de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, le ha advertido al consejero que aunque la Junta de Extremadura no esté en la negociación del convenio colectivo de este servicio "si lo condiciona" porque es quien lo paga y ha reiterado su apuesta por un servicio de ambulancias público.
En cuanto al PSOE, su portavoz, Carlos Labrador, ha defendido el transporte de ambulancias extremeño como "el mejor del mundo" y ha instado al PP a que si tiene sospechas de ilegalidad "acuda a los tribunales".
El 94 % de la plantilla de Ambuvital es ya indefinida, según la empresa
