El 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, el país no tiene una hoja de ruta común para todas las comunidades. Cada comunidad prepara un plan distinto para afrontar la desescalada. Casi todas barajan la posibilidad de levantar el cierre perimetral, es el caso de Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla la Mancha. Otras regiones, como Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura, aún no han concretado qué medidas mantendrán. Lo que está claro es que sin el estado de alarma, serán los tribunales quienes marquen el camino a partir del domingo.
En la calle reina la confusión respecto a lo que se podrá o no hacer a partir del domingo.
Al igual que ocurrió el verano pasado, cuando terminó el primer estado de alarma, Extremadura decidirá qué restricciones aprueba, siempre y cuando antes el Tribunal Superior de Justicia las autorice o no.
Autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
El profesor de Derecho Constitucional de la UEX, Gabriel Moreno, señala que "la autoridad judicial tiene que autorizar todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales, que a partir de ahora se tomen, cosa que no ocurría con el estado de alarma"
Y, esos derechos fundamentales son los que afectan a la movilidad de las personas, como es el cierre perimetral o el toque de queda. Por ejemplo, Extremadura podrá decretar un toque de queda, como hizo el verano pasado la Comunidad Valenciana. O, también limitar el número de personas en domicilios familiares. Eso sí, deberá de estar bien justificado, para que no ocurra lo que suecedió el año pasado, que el TSJEX tumbó la decisión de la Junta de limitar reuniones en domicilios familiares. "Y, para ello, la autoridad sanitaria debe fundamentar muy bien la medida con informes médicos, con informes epidemiológicos, con informes científicos que avalen esa toma de decisiones", recuerda Gabriel Moreno.
Extremadura ya ha anunciado que tendrá en cuenta las recomendaciones que se hagan en el Consejo Interterritorial de Salud. A diferencia de otras comunidades no tiene un plan específico. Cuando el 21 de junio acabó el primer estado de alarma, nuestra región tenía una incidencia acumulada que no llegaba a los 3 casos por cada cien mil habitantes. Ahora está en los 106. Entonces había solo un hospitalizado, ahora 63. Y, en las UCI, ninguno, frente a los 13 actuales. A diferencia de hace casi un año, ahora el Gobierno justifica el fin del estado de alarma en la inmunización que producen las vacunas.
