El Ayuntamiento de Cáceres deberá incluir de nuevo en la lista de demandantes de vivienda social a una mujer que quedó excluida de ese proceso al haber renunciado, previamente, a un piso que le habían asignado en la barriada de Aldea Moret. Su abogado, Alberto García Ramos, explica que la vivienda "carecía de suministros de agua y luz".
Al solicitar, sin éxito, que se resolvieran los problemas del piso asignado, la señora renunció al mismo y volvió a pedir al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento cacereño su inclusión en la lista de demandantes de vivienda social. Sin embargo, el IMAS la excluyó de ese proceso por haber rechazado previamente la vivienda asignada. Gracias a un abogado designado por el turno de oficio recurrió judicialmente la decisión y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le da ha dado la razón en una sentencia que, según el letrado García Ramos, "abre la vía para que las personas que se encuentran en la misma situación puedan recurrir".
Un problema muy común
Desde Campamento Dignidad de Mérida, uno de sus portavoces, Juan Viera, asegura que es un "problema recurrente". Según cuenta, su plataforma conoce el caso de varias familias emeritenses que tuvieron que renunciar a las viviendas que se les había asignado en Cáceres "al carecer las casas incluso de puertas o ventanas". Para Viera el problema de fondo es la grave escasez de vivienda pública ya que "la Junta lleva más de treinta años sin hacer viviendas sociales".
