El 90% de los afectados se han sumado a esta primera huelga. Son unos 160 trabajadores, según la organización, la asociación APRONFI, la Asociación de profesionales no fijos del SEXPE, con la sección sindical de CNT. Denuncian una situación de precariedad y de vulnerabilidad y piden que los que están, se queden. Es decir, que las plazas que están en fraude de ley, tras los últimos dictámenes de la Unión Europea, no salgan a convocatoria oposición y se conviertan en contratos a extinguir. Además piden soluciones a la Junta.
Los protestantes son un 18% del total de los trabajadores
En total, en el Servicio Extremeño Público de Empleo hay 735 trabajadores y en torno al 18% ha secundado el paro. Son los afectados por, el que dicen que es un abuso de la temporalidad. De estos, una parte se ha concentrado en Mérida y han avisado de que si no se toman cartas en el asunto, se van a judicializar sus casos en la región.
La Junta ha respondido
Desde la Junta han respondido y han señalado que respetan las reivindicaciones del colectivo de trabajadores, pero que deben garantizar los principios de igualdad, mérito y libre concurrencia en todos los procesos selectivos para optar a plazas en la Administración, según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Función Pública de Extremadura.
Además recuerdan que el Congreso de los Diputados está tramitando la modificación del EBEP y del plan de choque de la temporalidad, aprobado en julio; un proceso que, una vez concluido, permitirá llevar a cabo procesos de estabilización con el objetivo de reducir la temporalidad a las tasas marcadas.
Los servicios mínimos están garantizados
Además, Junta de Extremadura ha pactado con el sindicato convocante unos servicios mínimos del 25 por ciento que, en todo momento, van a garantizar la atención al público de los centros de empleo de la región y las puertas van a permanecer abiertas en su horario habitual.
