La Guardia Civil ha instruido diligencias a un ganadero del municipio pacense de Siruela como presunto autor de un delito de maltrato animal por la muerte de 60 ovejas merinas en su explotación de Cabeza del Buey, también en la provincia de Badajoz.
Además de los animales fallecidos, los agentes encontraron más de 300 cabezas de ganado ovino de la raza merina, de la variedad negra, estabulado, sin agua ni comida, ha informado este martes el instituto armado en una nota.
Los veterinarios de la Junta de Extremadura que acudieron a la finca con los agentes, el pasado día 4, certificaron su "extrema delgadez" y el evidente estado de desnutrición y abandono en que se encontraban, hasta tal punto que algunas de ellas eran incapaces de mantenerse en pie debido a su debilidad.
Según la Guardia Civil, durante la inspección de la explotación comprobaron que los 60 cadáveres de los animales estaban diseminados por las inmediaciones de los establos y amontonados en un remolque en diferentes estados de descomposición. Por estos hechos, al titular le han instruido diligencias por un supuesto delito de maltrato animal con resultado de muerte, tras la omisión en la debida atención y cuidado, así como por la desnutrición y "absoluta falta" de salud e higiene de los animales.
El ganadero afectado niega las acusaciones
Sin embargo, el ganadero investigado ha negado a Canal Extremadura las acusaciones de la Guardia Civil. Asegura que lo que se ha encontrado en su finca son 3 ovejas muertas recientemente, "como a cualquier ganadero". El resto son cadáveres del ganado acumulados "en los últimos 2 ó 3 años". Según esa misma versión, la presencia de esos cadáveres estaba justificada al disponer de una autorización SANDACH para que los cuerpos sirvan de alimentación a las aves carroñeras. Niega, por último, el mal estado del ganado: "aquí las ovejas se crían de forma ecológica, pero nosotros venimos todos los días y alimentamos a las ovejas".
El hombre se enfrenta a penas de prisión de hasta un año e inhabilitación de hasta tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, que se pueden agravar por la muerte hasta 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación.
TEXTO: EFE
IMAGEN: Guardia Civil
