La ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas, y que llevará a la Moncloa de nuevo a Pedro Sánchez, ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados. Una propuesta de ley que ha provocado encendidas reacciones por parte de buena parte de la sociedad española y del espectro político del país, contrarios a ella.
Las últimas voces en contra de esta norma salen de los jueces extremeños de la Asociación Francisco de Vitoria. Su portavoz, Patricia Gutiérrez, ha mostrado su preocupación por el texto de la ley en el programa informativo matinal de Canal Extremadura, 'Ahora Extremadura'. Para ella, en la propuesta registrada en el Congreso este lunes, se ha intentado hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo en la exposición de motivos, para justificar constitucionalmente esta ley. Pero, afirma, a su juicio, no queda justificada porque, añade, los jueces entienden que no hay un bien o interés constitucionalmente legítimo que soporte esta amnistía.
Además, desde su asociación, consideran que esta ley supone un peligro para la separación de poderes, implicando, lamenta, "una quiebra del Estado de Derecho y de la independencia judicial".
En ese sentido, Patricia Gutiérrez considera que esta ley podría ir "en contra del principio de igualdad de todos los españoles". El concepto de amnistía no está recogido en la Constitución Española por ello, considera, tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional y la Unión Europea sobre este asunto. Además, alerta, la aprobación de esta ley podría generar una sensación de "indefensión y de injusticia", pues podrían beneficiarse ciertos actos delictivos, creando diferencias entre los ciudadanos comunes y los beneficiados por la amnistía, argumenta.
Una vez aprobada la ley, la portavoz de los jueces señala que se revisarán una a una todas las sentencias derivadas del procés por si tienen cabida dentro de esta amnistía. Todo ello se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses, y tendrán que darse prioridad a estos casos, afirma, "dejando de lado otras cuestiones en los juzgados ya sobrecargados por falta de medios", lamenta.
La portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria no se ha pronunciado sobre el anuncio de Vox de presentar una querella contra el Presidente del Gobierno en funciones por esta ley, porque, afirma, deberá ser tratado en el órgano judicial competente, el Tribunal Supremo.