Tras conocer el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al derribo del complejo Isla de Valdecañas, la Junta de Extremadura recurrirá el fallo. Lo ha anunciado hace unos minutos la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
La Junta de Extremadura presentará, de este modo, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Blanco-Morales asegura que, desde la administración regional respetan el contenido de la sentencia y la actan pero pelearán en los tribunales, hasta la última instancia posible y agotando todas las vías de recurso disponibles, para que la demolición del complejo turístico no se lleve a cabo.
En este sentido, Blanco-Morales ha dejado la puerta abierta a seguir interponiendo recursos a instancias superiores como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En su comparecencia, la vicepresidenta ha asegurado que, de manera insólita, la Junta de Extremadura ha conocido el fallo del Supremo por vía extrajudicial y la fundamentación jurídica de la sentencia no fue conocida hasta este martes. Una vez analizado el fallo, afirma, desde el ejecutivo regional consideran que hay fundados elementos para impugnar la sentencia.
La Junta también pedirá una aclaración en derecho al Tribunal Constitucional al considerar que ejecutar esta sentencia produce un daño medioambiental mayor al que se pretende proteger. La Isla de Valdecañas es una creación de la actividad humana, ha continuado Blanco-Morales, establecida por la llegada a la zona del embalse. El complejo turístico, considera la Junta, ha creado muchas más opciones de desarrollo y un entorno medioambiental mucho más rico que el existente antes de la construcción.
Al margen de los recursos que presente la administración regional a las diferentes instancias judiciales, desde la Junta aseveran que seguirán peleando por un cambio normativo estatal y europeo que permita, ha dicho la vicepresidenta, encontrar un punto de equilibrio entre la lucha por el medioambiente y frenar la despoblación.
La Junta de Extremadura tiene ahora veinte días naturales para fundamentar este recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
El Supremo considera que Valdecañas debe ser derribada pese al coste de hacerlo
