La Junta de Extremadura no renuncia a los 86 millones de euros que el Gobierno Central debe abonar en concepto de IVA de 2017, tras una reforma del Partido Popular. Una devolución que han ratificado los tribunales. El Ministerio de Hacienda ya ha dicho que está buscando una solución para hacer esos abonos y la Junta confía en que así será.
La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales ha mantenido que, una vez resuelta la vía judicial, Extremadura no renuncia a la devolución de lo que le corresponde del IVA, pero aboga porque esta cuestión se resuelva desde el diálogo, la cooperación y la construcción de la mejor solución para el país, para Extremadura y para los extremeños, tal y como avanzó ayer la ministra de Hacienda.
Sobre la subida de impuestos que planea el Gobierno, la Junta no se pronuncia. Prefieren centrar el debate en saber a qué se van a dedicar los ingresos y cuánto se necesita para que el estado del bienestar sea sostenible. Sea como sea, la reforma, dice la vicepresidenta debe ser equitativa y siempre desde la perspectiva de las necesidades de los servicios públicos.
