1.171 mujeres extremeñas fueron derivadas a clínicas privadas para abortar el pasado año, una "exclusión sanitaria", que criticaba Unidas por Extremadura durante una interpelación a la Junta en el pleno en la Asamblea celebrado hoy en materia de derechos de la mujer.
Según la diputada Nerea Fernández, diputada de la coalición morada, remarcaba que "el aborto es un derecho fundamental y hay que cumplir con la ley". Aseguraba que las extremeñas no tienen porque tener que desplazarse a Badajoz, Sevilla o Madrid para poder someterse a un aborto.
Ningún centro sanitario público de la región aún practica abortos, pese a estar reconocido el derecho a ello hace un año. Tampoco, todavía, se queja la coalición morada, existe un listado de médicos objetores de conciencia.
Decreto
La Junta confirma que prepara un decreto para garantizar el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Según la consejera portavoz, Victoria Bazaga, incluirá un crear el registro de objetores de conciencia para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, remarcando que es "un derecho del trabajador" acogerse a la objeción de conciencia.
Según la Consejería de Sanidad, el Servicio Extremeño de Salud aplicará las medidas necesarias para garantizar "el pleno ejercicio del derecho" a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos, como una "prestación normalizada incluida en la cartera de servicios comunes" del Sistema Nacional de Salud.
Cuidar a la mujer
El Ejecutivo regional negaba un recorte de los derechos para las mujeres en Extremadura, y ponía como ejemplo algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo. Entre esas iniciativa la rebaja a los 49 años para el programa de criba del cáncer de mama. "Esto si es cuidar a una mujer".
Unidas por Extremadura reprocha al Gobierno de María Guardiola que no asuma como "prioritario" el derecho al aborto en la sanidad pública y lo achaca al pacto de PP con Vox. "Torpeza es pactar con los que niegan la violencia machista", decía Nerea Fernández.
Al respecto, respondía la portavoz de la Junta preguntado a Fernández si había pedido cuentas a Irene Montero, ex-ministra de Igualdad, por "la chapuza" de ley del sí es si, con más de 1.300 rebajas de penas.
Ningún centro público extremeño realizó abortos el año pasado
