Unos 15.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura se van a jubilar antes de 2030, cifra que supone el 25 por ciento del total. Se trata de un reto al que hay que dar respuesta, señalan desde la administración regional, con la nueva Ley de Función Pública. Para su elaboración se va a contar con la opinión de un grupo de expertos.
Sobre el informe que elaboren cuatro juristas descansará la futura Ley de Función Pública. Entre otras cuestiones, tendrán que dar respuesta a la selección de personal o la provisión de puestos de trabajo. Pero también a la jubilación, antes de 2030, del 25 por ciento de los 60.000 empleados públicos de la Junta.
"Tenemos que estar preparados para ello, la transición y la transferencia de conocimiento tiene que realizarse desde ya, para asegurar que todo ese conocimiento, que todo ese bagaje no se pierda", ha asegurado Elena Manzano, consejera de Administración Pública.
La previsión es que la nueva ley esté aprobada esta legislatura y que responda a los principios de cercanía, rapidez y eficacia. Pero también que esté adaptada a las necesidades actuales. "La ley que regula la función pública es del año 2015. Han transcurrido más de nueve años de su aprobación. Es necesaria una actualización, una revisión y, sobre todo, un desarrollo que hasta el momento no ha tenido lugar", ha afirmado la consejera
Desde CSIF Extremadura han valorado de forma que se avance en la aprobación de esta norma que, afirman, lleva paralizada desde su aprobación hace ocho años.
