Los líderes de la Unión Europea reconocieron en la cumbre de este viernes que España y Portugal necesitan un "trato especial" para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto del bloque.
"Hemos acordado un trato especial para la Península Ibérica de forma que puedan gestionar esta situación tan específica en la que se encuentran y manejar los precios energéticos", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión que se prolongó durante casi diez horas.
La política alemana dijo que España y Portugal se encuentran en una situación "muy especial" porque su mix energético tiene una alta proporción de renovables, pero "muy pocas interconexiones" con el resto de países de la Unión.
Los Veintisiete accedieron de esta forma a una de las principales demandas con las que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a la cita de los jefes de Estado y de Gobierno de la capital comunitaria, en la que se encontró con la oposición de países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos.
Sin embargo, España no consiguió que el texto acordado por los Veintisiete autorizase de manera inmediata la introducción de límites en el precio del gas dentro del mercado mayorista, una opción que sigue sobre la mesa pero se valorará más adelante.
Sánchez, satisfecho
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes tras el acuerdo del Consejo Europeo que permite la denominada "excepción ibérica" en el mercado de la electricidad que se han cumplido los objetivos previstos por parte de España.
Sánchez valoró ese acuerdo en la conferencia de prensa que ofreció al término de la cumbre europea de Bruselas junto al primer ministro portugués, António Costa, para simbolizar la unidad de criterio de los dos países en sus demandas a la UE para buscar soluciones que permitan rebajar el precio de la electricidad.
La planteada por ambos, y que ha sido aceptada pese a las reticencias iniciales de socios como Alemania y Holanda, aspiraba a que los dos países de la Península Ibérica puedan adoptar medidas específicas debido a su condición de "isla energética" con el convencimiento de que no perjudican al resto de Estados miembros.
